La organización SOS Orinoco presentó su décimo boletín sobre el estado de la Amazonía venezolana en el sur del estado Bolívar, destacando el aumento de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, a pesar de las operaciones del gobierno venezolano para combatir el extractivismo ilegal.
El problema se remonta al año pasado cuando Cristina Burelli, directora de la organización, indicó la falta de voluntad gubernamental para permitir la visita de la Unesco a Canaima. Además, no hay cuerpos efectivos de guardaparques ni se dota al sector con el equipo mínimo necesario para labores de vigilancia y control en un parque de 3 millones de hectáreas.
El boletín también resalta la ausencia de aplicación de leyes para proteger estas áreas, permitiendo construcciones inadecuadas, contaminación sónica y actividades masivas. En conclusión, los valores biológicos y culturales del Parque Nacional están amenazados por las actividades mineras.
No hay información clara sobre la actividad en Canaima ni su impacto ecológico tras la instalación del Arco Minero del Orinoco. El boletín responsabiliza al Instituto Nacional de Parques (Inparques) y a las autoridades gubernamentales por no crear un sistema de protección adecuado, de acuerdo con los estándares de la Unesco.
Según el informe, la presencia de dragado ilegal en el río Caroní ha afectado más de 1.000 áreas del parque, con el contrabando de mercurio como un agente altamente contaminante. El Estado no ha enviado una nueva invitación a la Unesco para monitorear estos espacios.
Por El Nacional.
La organización SOS Orinoco presentó su décimo boletín referente al estado de la Amazonía venezolana al sur del estado Bolívar, en el que destacó que la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Canaima sigue aumentando en la región a pesar de las operaciones hechas por el gobierno venezolano para acabar con el extractivismo ilegal.
Esta problemática data del año pasado, cuando Cristina Burelli, directora de la organización, hacía referencia a la falta de voluntad por parte de las autoridades gubernamentales para permitir la visita de la Unesco a Canaima.
Además no existen cuerpos efectivos de guardaparques ni están dotando a este sector con el mínimo equipo necesario para realizar labores de vigilancia y control en un parque de 3 millones de hectáreas.
También señalan la falta de aplicación de la ley para el resguardo de estas áreas, permitiendo construcciones inadecuadas, contaminación sónica y actividades masivas.
A manera de conclusión, especificó que los valores biológicos y culturales del Parque Nacional están amenazados y están impactados por las actividades mineras.
Asimismo señaló que no hay información clara sobre la actividad en Canaima y la afectación de su ecosistema tras la instalación del Arco Minero del Orinoco.
Este boletín responsabiliza al Instituto Nacional de Parques (Inparques) y a las autoridades gubernamentales por no crear un sistema de protección adecuado para estos espacios naturales, que además deben ser protegidos como patrimonio natural según los estándares de la Unesco.
Por El Nacional
Las irregularidades, según el informe, destacan la presencia de dragado ilegal en el río Caroní donde más de 1.000 áreas del parque están afectadas por el extractivismo y contrabando de mercurio, agente altamente contaminante para este ecosistema.
Se señala que el Estado no ha enviado una nueva invitación a esta organización internacional para visitar Canaima y hacer un monitoreo activo del estado de estos espacios.
