Brasil pedirá disculpas a comunidades quilombolas.

El Estado brasileño pedirá disculpas a las comunidades quilombolas por el desplazamiento y las violaciones de los derechos humanos cometidos en la década de los ochenta en la región nororiental de Alcântara durante la construcción del Centro de lanzamiento aéreo-espacial. Además, se buscarán formas de compensación y titulación de tierras sustentables a través de políticas públicas que respeten las tradiciones y modelos de vida de esas comunidades. El Gobierno brasileño ha creado grupos de trabajo para buscar alternativas sobre la titulación del territorio y se espera que en un plazo máximo de tres años se concluya el proceso de titulación progresiva de los territorios de estas comunidades. Este caso de las comunidades quilombolas de Alcántara es uno de los tres que revisará la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su 157º Período Ordinario de Sesiones.

Santiago de Chile (EFE).- El Estado brasileño pedirá disculpas a las comunidades quilombolas por el desplazamiento y las violaciones de los derechos humanos cometidas en la pasada década de los ochenta en la región nororiental de Alcântara (estado de Maranhao) durante la construcción del Centro de lanzamiento aéreo-espacial, reveló hoy a Efe en Chile la secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y de Ciudadanía, Rita Oliveira.

Por EFE

En declaraciones exclusivas antes del inicio de las vista que este jueves celebra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Santiago de Chile, la responsable también detalló que se buscarán formas de compensación y titulación de tierras sustentables a través de políticas públicas que respeten las tradiciones y modelos de vida de esas comunidades.

“Brasil ha decidido cambiar su postura sobre este caso y va a reconocer su responsabilidad del desplazamiento territorial de las comunidades quilombolas y por el largo plazo en que estas comunidades no tuvieron acceso a sus territorios y a los títulos de su territorio y también va a reconocer la ausencia de una oferta suficiente de mecanismos de protección por un largo tiempo”, explicó.

“Es un reconocimiento parcial de responsabilidades en este sentido para reconocer nuestra falla en el ofrecimiento de mecanismos de protección para esta comunidad y de sus territorios. Y, a partir de eso, estamos tomando varias medidas, a través de políticas públicas, de la titulación progresiva de esos territorios”.

Al hilo de este argumento, Oliveira remarcó que se dialogará con las comunidades afectas a través de mesas de trabajo para llegar a acuerdos compensatorios justos y progresivos, con políticas públicas, que sean “sustentables y respeten el modo de vida tradicional de esas comunidades junto a un necesario reconocimiento del avance tecnológico”.

“El centro de lanzamiento es compatible con un desarrollo sustentable de las comunidades y por pensamos en alternativas para poder conciliar esos intereses”, subrayó.

En este sentido, el interés del Gobierno brasileño es ir más allá de una simple petición de disculpas y plantear compromisos que permitan “proyectar un futuro de construcción de alternativas en diálogo con las comunidades”.

“Ya se creó un grupo de trabajo que va a buscar esas alternativas sobre la titulación del territorio de manera sostenible con el proyecto aéreo-espacial brasileño. Y hay otro grupo de trabajo que se llama Quilombola-Brasil que también va a priorizar un proceso de titulación progresiva. Esperamos que un máximo de tres años se concluya el proceso de titulación progresiva de los territorios de estas comunidades”, explicó.

“Se va a hacer un trabajo de demarcación territorial que durará un año. A partir de este año, el grupo de trabajo va a empezar la titulación progresiva que durará unos dos años”, subrayó.

Por último, Oliveira confirmó que la decisión del Gobierno brasileño de cambiar su postura es también un mensaje sobre la necesidad de que se valore el territorio y respete los modelos de vida de estas comunidades.

El conflicto de Alcântara involucra a 152 comunidades quilombolas, integradas en su mayoría por indígenas y descendientes de esclavos africanos, que reclaman 85.537 hectáreas de tierras y territorios ancestrales en el estado de Maranhão.

Según dijo el miércoles a EFE Eduardo Baker, abogado de la ONG Justicia Global, querellante en la causa “la Constitución de 1988 estableció la obligación del Estado a titular todas las tierras de las comunidades quilombolas de Brasil”, algo que no se ha cumplido con las de la citada región.

Las comunidades también denuncian la instalación en sus tierras sin la debida consulta y el consentimiento previo del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), uno de los dos centros de lanzamiento de cohetes de Brasil.

La dictadura militar que gobernaba Brasil en 1980 declaró de “utilidad pública” 52.000 hectáreas del territorio para construir la base aeroespacial y expropió y reasentó a sus habitantes.

“Hay 32 comunidades que ya fueron desalojadas y otras que están siendo amenazadas y que pueden ser removidas por los planes de expansión de la base”, denunció el abogado.

Ya en un informe fechado en enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Brasil “es responsable por la violación de los derechos” de estas comunidades y le recomendó “adoptar medidas para lograr la delimitación, demarcación y titulación completa del territorio ancestral, garantizándoles una tenencia segura”.

El caso de las comunidades quilombolas de Alcántara es uno de los tres que revisará el tribunal regional, con sede en Costa Rica, durante su 157º Período Ordinario de Sesiones, que se celebra en la capital chilena hasta el viernes.