¡CorteIDH frena polémico proyecto de lesa humanidad en Perú!

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Perú dejar sin efecto o no otorgar vigencia a un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, ya que permitiría la prescripción de esos delitos. La resolución de la CorteIDH indica que el Estado peruano debe tomar las medidas necesarias para impedir la adopción del proyecto de ley No. 6951/2023-CR, lo que permitirá garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que ya contaron con sentencias internacionales.

Este proyecto pretende evitar el procesamiento de cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, excluyendo el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en Perú. Organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que la implementación del proyecto afectará el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, especialmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

La CorteIDH solicitó a Perú que presente un informe completo sobre el cumplimiento de la orden antes del 9 de agosto próximo. En junio pasado, la CorteIDH realizó una audiencia donde escuchó a representantes de derechos humanos y a funcionarios del Estado peruano. Los agentes estatales defendieron la legalidad del proyecto de ley, cuestionando la competencia de la CorteIDH y calificando las medidas provisionales como una forma de “callar” al Congreso.

El proyecto es promovido por fujimoristas y exjefes de las Fuerzas Armadas. El expresidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad relacionados con matanzas cometidas por el grupo Colina en los años 90. Aunque Fujimori fue indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al grupo Colina. El 13 de junio, la CorteIDH ya había ordenado a Perú detener el trámite del proyecto hasta emitir una resolución sobre el tema.

San José, 2 jul (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este martes a Perú dejar sin efecto o que no otorgue vigencia a un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que abriría la puerta a prescripciones de esos delitos.

Por EFE

“Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”, indica una resolución de medidas provisionales de la CorteIDH.

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La CorteIDH explicó que este requerimiento responde a la necesidad de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de los casos Barrios Altos y La Cantuta, los cuales se resolvieron por el tribunal internacional con sendas sentencias contra el Estado.

Ese proyecto pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos.

La CorteIDH también ordenó a Perú que a más tardar el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.

En junio pasado la CorteIDH realizó una audiencia sobre este tema en la que escuchó a representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a funcionarios del Estado de Perú.

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En esa audiencia, los agentes estatales defendieron la legalidad del proyecto de ley y cuestionaron la competencia de la CorteIDH, ya que consideraron que la adopción de medidas provisionales significaría una forma de “callar” al Congreso y que “no legisle”.

El proyecto de ley es promovido por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas.

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.

El pasado 13 de junio la CorteIDH ordenó a Perú detener el trámite del proyecto hasta que emitiera una resolución respecto al tema.