El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su Gobierno no realiza espionaje, tras la investigación de la Fiscalía por denuncias de interceptación de teléfonos a magistrados de la Corte Constitucional. Petro destacó que desde el inicio de su mandato ordenó no usar la inteligencia contra oposición, prensa o cortes, enfocándose únicamente en el gran crimen.
La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la apertura de una investigación inmediata al respecto. Las acusaciones incluyen escuchas e interceptaciones a celulares de magistrados, quienes también revisan la constitucionalidad de reformas gubernamentales.
La investigación comenzó tras un artículo en El Tiempo y revelaciones de Semana, donde el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, recibió una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunciando persecución. Petro subrayó la falta de equipos de interceptación en la Dirección Nacional de Inteligencia.
El país ya vivió un escándalo de espionaje en el gobierno de Álvaro Uribe, que utilizó el entonces Departamento Administrativo de Seguridad para interceptar a jueces, periodistas y opositores. Figuras como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado fueron condenadas por sus roles en esas actividades.
Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que su Gobierno no espía a nadie, después de que la Fiscalía abriera una investigación por las denuncias de una posible interceptación de teléfonos a magistrados de la Corte Constitucional.
Por EFE
“Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, manifestó Petro en su cuenta de X en la que señaló que “desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo el sábado que ordenó “iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata” por las denuncias de un posible espionaje a la Corte Constitucional de Colombia, ante las denuncias en ese sentido presentadas por magistrados.
Entre las posibles pruebas hay información de presuntas escuchas con interceptación a celulares de magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles.
Los magistrados tienen además, entre sus funciones, las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad.
La investigación fue anunciada luego de que el diario El Tiempo revelara que los magistrados de la Corte Constitucional le habían transmitido información sobre la posibilidad de que estén siendo espiados.
Además, la revista Semana reveló después que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son “víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal”.
La Fiscalía de Colombia abre una investigación por posible espionaje a la Corte Constitucional
Este espionaje supuestamente incluye las interceptaciones telefónicas, coloquialmente llamadas ‘chuzadas’ en el país, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes. “Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte”, agregó la revista.
“He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”, agregó Petro en su mensaje.
El posible espionaje al Poder Judicial ya sucedió en el pasado, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.
Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.
Por este caso están condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, a quienes hallaron responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también recibió una condena a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.
