Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara a México en una “guerra terrorista”, muchos se preguntan qué consecuen

La pelea por el control y expansión en el mercado de estupefacientes ha derivado en conflictos armados entre células delincuenciales en México. Tanto así, que la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reconocido tener plenamente identificadas algunas zonas bajo el yugo de grupos criminales: “Quizá las fronteras sean áreas donde el enfrentamiento de las organizaciones sea más difícil de quitar. (…) Va a seguir permaneciendo en diferentes niveles de violencia entre ellos”, declaraba su titular, Luis Cresencio Sandoval.

Por Infobae

Como consecuencia, la población mexicana ha sido el principal testigo del caos y las agresiones desatadas cuando las Fuerzas Armadas (FFAA) “osan irrumpir” – de manera intencional o accidental – en las actividades u operaciones de la delincuencia organizada. El más reciente ejemplo fue la violenta jornada que azotó a Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Baja California y Chihuahua en el segundo fin de semana de agosto.

Aprehensión de capos, control de riñas penitenciarias y la frustración de una posible venganza ente cárteles fueron las acciones que – según el Federativo – derivaron en los narcobloqueos, la quema de establecimientos y vehículos, y los asesinatos de civiles en Ciudad Juárez. Actos ante los cuales, críticos del Gobierno no tardaron en señalar de terrorismo y, además, cuestionar la resistencia del gabinete de seguridad y del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por catalogarlo de dicha manera.

“Conceptualmente, sí se puede definir (como terrorismo), pero legalmente tengo mis dudas”, cuestionó Víctor Hernández, especialista en Seguridad Nacional por la Universidad Panamericana, quien, en entrevista para Infobae México, advirtió que es el propio Derecho mexicano el que imposibilita la acreditación y el enjuiciamiento del crimen organizado.

“El problema de la estrategia de seguridad no está tanto en detener a los delincuentes, sino en los juicios. Ahí es donde se cae todo”, comentó el profesor e investigador, quien, bajo ese tenor, explicó que los esfuerzos materiales y humanos Federales para consolidar las capturas de grandes capos se tumban “si los Fiscales no saben litigar” o por la insuficiencia de recursos humanos para procesar una escena del crimen.

Además, Hernández destacó que la estrategia de seguridad ni siquiera está dirigida para atacar el terrorismo: señaló que, pese a que el crimen es mencionado dentro la Ley de Seguridad Nacional, “no es una preocupación que se origine en México”. Esto, al recordar que la política antiterrorista mexicana se implementó como resultado de la presión diplomática de Estados Unidos (EEUU) tras los atentados del 11-S.

Más aún, agregó, con la desaparición del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora CNI) en 2019: el único órgano relativamente capacitado para llevar una política antiterrorista, pero cuya transición implicó recorte en el presupuesto; disminución del personal, y menos facultades.

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Por ello, el especialista proyectó que no habría ninguna diferencia en materia jurídica con decretar a la jornada de violencia como “actos terroristas”; no así, subrayó, para la índole diplomática- especialmente con la relación bilateral México-EEUU – en donde sí habría repercusiones.

Sin embargo, otra advertencia en el que Hernández ahondó frente a una (poco) probable declaración de “terrorismo en México” es en el tema de los militares, a quienes, dijo, se les concedería permisos para efectuar (más) tácticas de crueldad: “Cuando empezamos a utilizar el lenguaje de guerra, implícitamente le estamos diciendo a nuestros soldados que pueden adoptar más tácticas de crueldad”.

“Si los militares se han atrevido a cometer tantas ejecuciones extrajudiciales con todo y la prensa y la CNDH monitoreando, no me quiero ni imaginar lo que va a ocurrir si les soltamos la correa y les decimos: ‘Ahora sí estamos en una guerra, hagan lo que quieran’”, atajó.