El gobierno de Nicaragua busca erradicar el amor a Cristo y a la Iglesia.

El sociólogo y exministro de Educación de Nicaragua, Humberto Belli, afirmó que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden “extirpar” el amor a Cristo y a la Iglesia de los nicaragüenses. En un escrito publicado por La Prensa, Belli sostiene que, además de motivos políticos, hay una intención profunda y siniestra de erradicar el amor a Cristo.

Desde 2018, 245 religiosos han sido expulsados o forzados al exilio, incluyendo un nuncio, tres obispos, 136 sacerdotes, tres diáconos, once seminaristas y 91 monjas. Este mes, nueve sacerdotes más de la Diócesis de Matagalpa fueron enviados al Vaticano, sumando 254 expulsados.

Belli comparó las acciones actuales con anteriores gobiernos, destacando que ninguno ha mostrado tanta hostilidad hacia la Iglesia como el de Ortega. La Diócesis de Matagalpa ha sido la más afectada, con solo 13 de sus 73 sacerdotes restantes. Además, el gobierno ha confiscado propiedades y cuentas bancarias de la Iglesia, impidiendo donaciones y restringiendo actividades religiosas.

Belli concluye que esta campaña destructiva no busca solo silenciar sectores cristianos considerados desafectos, sino extirpar el amor a Cristo en la población. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia están marcadas por expulsiones, encarcelamientos y prohibiciones de actividades religiosas.

San José (EFE).- El sociólogo, historiador y exministro de Educación de Nicaragua Humberto Belli dijo que el Gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo pretende “extirpar” el amor a Cristo y a su Iglesia a los nicaragüenses.

Por EFE

En un escrito que se titula “Por qué persiguen tan duramente a la Iglesia” y publica el diario La Prensa, Belli, quien sufrió desnacionalización por parte de las autoridades nicaragüenses en febrero de 2023, concluyó “que debajo de las motivaciones políticas, obra otra más soterrada y siniestra: el afán de extirpar en la población el amor a Cristo y a su Iglesia”.

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Al nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, los obispos nicaragüenses Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, y a 136 sacerdotes de las diferentes diócesis de Nicaragua, se les expulsó del país o se les obligó al exilio, según un estudio divulgado la semana pasada.

La quinta entrega del estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, de la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, indica que a 245 religiosos se les obligó al exilio o se les expulsó de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018.

De esos 245 religiosos, uno es nuncio, tres son obispos, 136 son sacerdotes pertenecientes a diferentes diócesis de Nicaragua, tres son diáconos, once son seminaristas, y 91 religiosas o monjas, detalló ese informe, cortado hasta el primer semestre de este año.

En lo que va de agosto, las autoridades de Nicaragua han enviado al Vaticano a nueve sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa, que dirige desde el exilio el obispo Álvarez, con lo que suman 254 los religiosos expulsados u obligados a exiliarse.

Belli, que es hermano de la escritora Gioconda Belli, afirmó que ningún gobierno, desde la independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, ha exhibido algo igual contra la Iglesia católica nicaragüense.

“Ni (el presidente José Santos) Zelaya (1893-1909), quien tras ser excomulgado expulsó al obispo (Simeón) Pereira y 23 clérigos más, ni el régimen sandinista de los ochenta que expulsó un obispo y 17 sacerdotes, además de cerrar Radio Católica y otras tropelías”, señaló.

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El ministro de Educación durante la Administración de Violeta Chamorro (1990-1997) aseguró que Nicaragua ha perdido hasta la fecha más de la cuarta parte de su clero católico.

Observó que la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, ha sido “la más golpeada” y que de 73 sacerdotes que tenía, solo quedan 13.

“Esto ha dejado a grandes sectores de la feligresía nacional, y particularmente al campesinado, sin acceso a servicios religiosos, más aún cuando el gobierno ha prohibido, además, que funcionen los ‘delegados de la palabra’, laicos que predican en los sectores alejados”, apuntó.

Para el sociólogo e historiador, “otro golpe bajo y cruel es haberse robado las cuentas bancarias del 90 % de las parroquias y, junto con ellas los fondos de seguro o retiro que recibían los sacerdotes mayores”.

“Igualmente ha impedido a la Iglesia recibir donaciones y le ha confiscado al menos 19 propiedades. También le han sido prohibidas las procesiones y actos de culto fuera de los templos”, agregó.

A juicio del exministro, “las implicaciones de esta realidad son tremendas, porque sus víctimas no es solo el estamento eclesial sino los millones a quienes se les está privando el acceso a la palabra de Dios y a los millares de niños, jóvenes en riesgo, ancianos y gente en extrema necesidad, a quienes también se les han arrebatado servicios caritativos y educativos muy valiosos”.

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Por tanto, Belli concluyó que esa “campaña tan destructiva” no es solo por “silenciar aquellos sectores de la comunidad cristiana que consideran desafectos”, sino “extirpar en la población el amor a Cristo y a su Iglesia”.

Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.