El Tribunal Supremo de EE.UU. revisará la doctrina Chevron que otorga poderes al Gobierno en ámbitos ambiguos.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido revisar una doctrina de hace 40 años conocida como la doctrina Chevron, que otorga un amplio margen de maniobra al Gobierno en ámbitos donde las leyes aprobadas por el Congreso son ambiguas. Esta doctrina ha sido objeto de críticas por parte de algunos jueces conservadores que creen que da demasiado poder a Washington. La revisión se llevará a cabo después de que el alto tribunal haya aceptado revisar un recurso presentado por un grupo de pescadores de arenque que argumentan que el Servicio Nacional de Pesca no tiene autoridad para exigirles que paguen los salarios de los inspectores federales que viajan a bordo de sus buques. Cuatro empresas familiares demandaron al Departamento de Comercio hace tres años por ese requisito y el Supremo decidirá sobre su recurso en el próximo período de audiencias que comenzará en octubre de este año. Es probable que la sentencia se emita en 2024. La revisión de esta doctrina podría tener consecuencias más allá de la industria pesquera, afectando al poder de otras agencias federales.

Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de EEUU anunció este lunes que revisará una doctrina de hace 40 años que da amplio margen de maniobra al Gobierno en ámbitos donde las leyes aprobadas por el Congreso sean ambiguas.

Por EFE

La llamada doctrina Chevron, en el punto de mira de los jueces conservadores del Supremo, obliga a los tribunales a ceder ante las agencias federales a la hora de interpretar leyes que no sean claras.

Este precedente se estableció en 1984 en un caso que enfrentó a la empresa Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, y cuenta con críticas de jueces que consideran que da demasiados poderes a Washington.

La doctrina será revisada después de que el alto tribunal haya admitido revisar un recurso de un grupo de pescadores de arenque que defienden que el Servicio Nacional de Pesca no tiene autoridad para exigirles que paguen los salarios de los inspectores federales que viajen a bordo de sus buques.

Desde 1976, estos observadores pueden unirse a las tripulaciones para asegurarse de que cumplen la normativa, pero desde 2020, el Gobierno exige a los pescadores pagar los salarios de estos inspectores.

Cuatro empresas familiares demandaron al Departamento de Comercio hace tres años por ese requisito y el Supremo decidirá sobre su recurso, algo que podría tener consecuencias que van mucho más allá de la industria pesquera, afectando al poder de otras agencias federales.

El caso se verá en el próximo periodo de audiencias, que comenzará en octubre, y es probable que se emita una sentencia en 2024.

El abogado de los denunciantes, Paul Clement, argumentó que la agencia se ha extralimitado en sus competencias y que necesitaba una autorización del Congreso para exigir los sueldos de los inspectores.

La fiscal Elizabeth Prelogar aseguró que la agencia ha actuado dentro de sus competencias.