El canciller peruano Javier González-Olaechea criticó la postura “injerencista” de 16 embajadas, incluyendo EE. UU. y la UE, que expresaron preocupación por un proyecto de ley en Perú que busca regular aportes extranjeros a ONGs. Según el ministro, el proyecto imita normas internacionales de registro y control de fondos extranjeros. Invitó a los representantes extranjeros a ser “mesurados” y respetar la soberanía. González-Olaechea mencionó casos de activismo político financiado desde el extranjero. Las embajadas firmantes manifestaron inquietud sobre las enmiendas propuestas. El proyecto busca supervisar la ejecución de fondos de cooperación internacional recibidos por ONGs, siguiendo estándares de la OCDE y regulando el activismo político. También plantea la creación de una intendencia para transparentar los recursos de cooperación recibidos por las ONGs.El canciller peruano también mencionó el caso específico del proyecto Runasur, respaldado por Evo Morales, que, según González-Olaechea, busca promover una secesión entre Perú y Bolivia con financiamiento extranjero. El proyecto ha generado preocupación en el Congreso peruano y entre las embajadas que han manifestado su oposición a las enmiendas propuestas en la ley de creación de la APCI. Los impulsores del proyecto argumentan que busca garantizar transparencia en la ejecución de recursos de cooperación internacional y regularizar el activismo político financiado desde el extranjero, siguiendo estándares internacionales. En medio de esta controversia, la discusión sobre la regulación de los aportes extranjeros a las ONGs en Perú continúa generando debates y tensiones diplomáticas.
Lima (EFE).- El canciller de Perú, Javier González-Olaechea, afirmó este viernes que las embajadas de 16 países, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea (UE), han tenido un “tono injerencista” al manifestar su preocupación sobre un proyecto del Congreso, que busca regular los aportes que reciben las ONG en el país andino desde el extranjero.
Por EFE
“Esta opinión que han adelantado algunas embajadas, bueno, es una opinión que vamos a decir que tiene un tono injerencista”, declaró el ministro, quien actualmente se encuentra en Ginebra, a la emisora RPP.
González-Olaechea agregó que su país respeta las normas aprobadas en otros países e indicó que, cuando en alguna otra nación se produce un cambio legislativo, Perú “no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí”.
El ministro de Exteriores añadió que los informes que tiene la Cancillería peruana indican que el “anteproyecto”, que aún se debate en comisiones del Congreso, “copia, por así decirlo, normas que existen en varios países para los mismos fines de registro y control” de las ONG.
“En cualquier país del mundo las autoridades deben saber de dónde vienen los fondos extranjeros, cuándo vienen, quiénes lo reciben, con qué finalidad”, comentó.
El canciller invocó, en ese sentido, a los representantes extranjeros en Perú a ser “mesurados” y a recordar que “el diálogo diplomático siempre está abierto, pero tienen que conocer, saber y respetar cuáles son las facultades exclusivas y excluyentes de un país soberano”.
González-Olaechea también consideró que “desde hace muchos años algunas ONG han realizado y realizan activismo político” y citó como ejemplo el caso del proyecto Runasur, que promueve el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), al que acusó de buscar “una figura secesionista para partir el territorio peruano con Bolivia”.
“Ahí ha habido dinero extranjero y acompañamiento, vamos a poner en esos términos, de oenegés o instituciones locales”, sostuvo.
El pasado 10 de junio, al menos 16 sedes diplomáticas en Perú, entre las que figuran la UE y Estados Unidos, expresaron su preocupación por el proyecto que propone fiscalizar a las ONG que hacen “activismo político” y regular a las que reciben financiación exterior, entre otras entidades.
Las embajadas de países “socios de cooperación de Perú” manifestaron que les preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), porque “restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propio”.
El escrito cuenta con la firma de las representaciones de Finlandia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, Países Bajos, Austria, Reino Unido y la Unión Europea.
Esto se dio después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen que propone modificar la ley de creación de la APCI con el objetivo de “contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional”, como es el caso de las ONG.
Según sus promotores, el proyecto plantea una regulación similar a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque también introduce “la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político”.
También plantea la creación de una intendencia adscrita a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para que los recursos de cooperación técnica internacional, que reciben las ONG, sean “transparentados”.
