El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó levantar la inmunidad de la vicepresidenta Verónica Abad para ser investigada por concusión. Con 75 votos a favor, 38 en contra y 20 abstenciones, se negó autorizar un juicio penal contra ella. La solicitud de desafuero fue presentada por la jueza Daniella Camacho debido a un presunto caso de corrupción que vincula a Abad y a su hijo. La Fiscalía de Ecuador los involucra en un caso de oferta de tráfico de influencias. Abad niega los cargos, pero la jueza pidió a la Asamblea pronunciarse. Esto se da en medio de acciones electorales previas a los comicios generales de febrero, donde el presidente Noboa podría presentarse para la reelección. La relación entre Noboa y Abad ha deteriorado al punto de que podría evitar delegar la Presidencia a la vicepresidenta durante su ausencia en campaña. Ambos fueron elegidos en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso. Abad, actualmente embajadora en Israel, ha sido crítica del Gobierno de Noboa, acusándolo de hostigamiento.La causa contra Abad y su hijo se originó por la denuncia de un empleado despedido de la Vicepresidencia, quien afirmó que Barreiro le pidió parte de su sueldo a cambio de favores para ser contratado. Barreiro estuvo en prisión y Abad fue vinculada al caso por la Fiscalía, justo cuando se inician las acciones electorales de cara a las elecciones del próximo año. El distanciamiento entre Noboa y Abad ha llevado a especulaciones sobre la negativa del presidente a delegarle temporalmente la Presidencia en caso de su reelección. Noboa y Abad asumieron sus cargos en 2023, pero su relación se ha visto deteriorada desde entonces, con Abad criticando abiertamente al Gobierno de Noboa desde Israel, donde se desempeña como embajadora.
Quito (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador negó este viernes levantar la inmunidad a la vicepresidenta, Verónica Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte del presidente Daniel Noboa.
Por EFE
Con el voto positivo de 75 legisladores, 38 negativos y 20 abstenciones, el pleno del Legislativo negó autorizar el juicio penal contra Abad y respondió así a la solicitud para desaforar a Abad, presentada por la jueza que sigue la causa de presunta corrupción, Daniella Camacho.
La mayoría opositora del Parlamento se lamentó de que no se hayan podido conocer los expedientes reservados que presuntamente vinculan a Abad con un caso de “oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia”, en el que también está vinculado el hijo de ella, Sebastián Barreiro.
Además de advertir “errores” en la formulación de la petición judicial a la Asamblea, “esta legislatura, en aras de la transparencia, mal podía autorizar” el enjuiciamiento de Abad, mencionó la asambleísta Gisella Molina, quien propuso la moción para que se negara dar paso al procesamiento penal de Abad.
El lunes, la Fiscalía de Ecuador vinculó a Abad al caso en el que está involucrado su hijo, aunque ambos niegan los cargos.La jueza Camacho, que sigue la causa, pidió a la Asamblea que se pronuncie sobre este caso, ya que la Abad goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia, el supremo tribunal de justicia del país.
Esta causa contra Abad y su hijo surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia que apuntó a Barreiro como la persona que presuntamente le habría pedido quedarse con una parte del sueldo a cambio de influir para su contratación laboral.
Barreiro estuvo en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador en la ciudad portuaria de Guayaquil, de donde salió luego de varias semanas y tras el pago de una fianza de 20.000 dólares.
Por su parte, la vinculación de Abad por la Fiscalía coincidió con el inicio de las primeras acciones electorales, de cara a los comicios generales de febrero del próximo año.
El presidente Noboa podría presentarse a esas elecciones para repetir el cargo, pero necesitaría pedir permiso para ausentarse del cargo durante el periodo de campaña, lapso en el que debería delegar la Presidencia a Abad, como señala la Constitución del país.
Según varios expertos políticos, el grado de distancia entre Noboa y Abad ha llegado a tal extremo que el jefe de Estado, aparentemente, intentaría no encargar la primera magistratura del Estado a su vicepresidenta.
Noboa y Abad fueron elegidos el año pasado para gobernar el país hasta 2025 y completar el periodo de Guillermo Lasso, quien recortó su mandato y evitó ser censurado por supuesta corrupción en el Parlamento de mayoría de opositora.
En su última acción en conjunto, Noboa y Abad juraron sus cargos el 23 de noviembre de 2023, pero de inmediato el mandatario ordenó a la vicepresidencia asumir como embajadora en Israel, tras un distanciamiento que comenzó durante la campaña electoral y que fue visible en las semanas posteriores a su triunfo.
Desde Tel Aviv, Abad se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno de Noboa, al que incluso ha acusado de un presunto hostigamiento para forzarla a renunciar y evitar así que deba asumir temporalmente la Presidencia cuando él busque reelegirse en las elecciones de 2025.