Política
¡Escándalo en Perú! CorteIDH exige suspender polémica ley sobre derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere a Perú suspender trámite de ley sobre lesa humanidad y crímenes de guerra. La medida busca garantizar acceso a justicia en casos Barrios Altos y La Cantuta, relacionados con el expresidente Alberto Fujimori. La CorteIDH convoca a audiencia pública para discutir medidas provisionales. Asociación Pro Derechos Humanos solicita detener proyecto de ley aprobado por el Congreso que limitaría persecución de delitos antes de 2002. Iniciativa promovida por fujimorismo y exjefes de las Fuerzas Armadas. Fujimori sigue siendo procesado a pesar de indulto y excarcelación.La CorteIDH exige suspensión del trámite legislativo del proyecto de ley número 6951/2023-CR en Perú para analizar su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Estos casos, relacionados con violaciones a los derechos humanos, resultaron en condenas contra Fujimori. La audiencia pública convocada para el 17 de junio permitirá a las partes expresar su posición sobre las medidas provisionales solicitadas. La sociedad civil, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos, pide a la CorteIDH que detenga la aprobación del proyecto de ley, el cual restringiría la persecución de delitos antes de 2002. Este proyecto, impulsado por el fujimorismo y algunos exjefes militares, aún debe ser refrendado en una segunda votación antes de ser enviado al Ejecutivo. A pesar del indulto y la liberación de Fujimori, sigue enfrentando procesos judiciales por crímenes como la matanza atribuida al grupo militar Colina.
San José, 13 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) requirió este jueves al Estado de Perú suspender el trámite de un proyecto de ley que busca precisar la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Por EFE
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley número 6951/2023-CR que ‘precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra’ en la legislación peruana”, indica una resolución de la CorteIDH.
El tribunal explicó en la resolución, publicada en sus redes sociales, que la suspensión requerida es para contar con “todos los elementos necesarios” para pronunciarse sobre una solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que son dos de los más sonados casos de violaciones a los derechos humanos por los cuales la Justicia peruana condenó el expresidente Alberto Fujimori.
Estos dos casos también se resolvieron por la CorteIDH con sendas sentencias contra el Estado.
La CorteIDH también convocó al Estado de Perú, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los representantes de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública virtual el próximo 17 de junio para que expongan sus puntos de vista acerca de una solicitud de medidas provisionales.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó el pasado 8 de junio que presentó, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales en la que piden a la CorteIDH que ordene al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del proyecto de ley que busca definir los alcances del delito de lesa humanidad.
El Congreso de Perú aprobó el pasado 6 de junio, en una primera votación, el proyecto que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno, entre 1980 y 2000, que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La iniciativa, promovida por el fujimorismo y una bancada de exjefes de las Fuerzas Armadas, aún se debe refrendar en una segunda votación antes del envío al Ejecutivo para su promulgación o devolución.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.