Un grupo de estudiantes venezolanos de la Universidad Complutense de Madrid ha denunciado la implicación directa entre miembros del profesorado y el régimen de Maduro. A través de un comunicado, critican la pasividad del gobierno español tras las elecciones del pasado domingo, calificándolo de cómplice de la dictadura.
Para estos estudiantes, esa relación de profesores con la dictadura venezolana no solo es reprobable, sino que contradice los valores académicos y democráticos de la Complutense. Lamentan la doble moral de quienes defienden causas selectivamente. Aclaran que su motivación es institucional y democrática, y defienden la voluntad del pueblo venezolano.
Como estudiantes de Ciencias Políticas y Sociología, pasan su tiempo estudiando los fundamentos de los sistemas democráticos, derechos humanos y participación ciudadana. Por ello, apoyan la causa democrática venezolana.
Indignan situaciones como la inhabilitación ilegal de la líder opositora María Corina Machado y la persecución a activistas. Es imperativo que líderes condenen las irregularidades del régimen venezolano, cuya pasividad los convierte en cómplices de una dictadura con más de 300 presos políticos.
Enumeran varios puntos que evidencian las irregularidades, como censura a medios disidentes, impedimento de presencia internacional imparcial, dilatación del proceso electoral y obstrucción a los apoderados de oposición para acceder a las actas de escrutinio.
Un grupo de estudiantes venezolanos de la Universidad Complutense de Madrid ha denunciado la implicación directa que existe entre miembros del profesorado y el régimen de Maduro. Lo han hecho a través de un comunicado, al que ha tenido acceso El Debate, en el que también critican la pasividad del gobierno español tras las elecciones del pasado domingo lo que, a su juicio, lo convierte en cómplice de la dictadura.
Para estos estudiantes, esa relación de profesores con la dictadura venezolana es «no sólo reprobable» sino que contradice los valores académicos y democráticos que defiende la Complutense. Sin embargo, lamentan, este tipo de conexiones únicamente dejan en evidencia la doble moral que existe en determinadas personas que defienden selectivamente las causas a golpe de talonario.
Los firmantes aclaran que su motivación «no es ideológica», sino que se fundamenta en sus «profundas creencias institucionales y democráticas». «Nuestro interés reside en la defensa de la voluntad del pueblo venezolano, pueblo del que somos parte y que tiene amplia presencia en esta universidad y en este país. Consideramos que es nuestro deber ponernos del lado de la democracia», matizan.
«Como estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología pasamos nuestro tiempo estudiando los fundamentos teóricos de los sistemas democráticos –legitimidad, soberanía, libertad, igualdad, etc–. Pasamos nuestro tiempo conociendo sobre el desarrollo de los derechos humanos, los derechos fundamentales, la cultura, la conciencia democrática y los mecanismos básicos que existen para la participación ciudadana. Siendo estos los principios de nuestra carrera, no existen motivos para no apoyar la causa democrática venezolana», aseveran.
«Hemos visto con indignación estos últimos meses cómo el pueblo venezolano, en su búsqueda de un cambio pacífico, se ha enfrentado a situaciones que cualquiera de nosotros, que vivimos en una democracia, jamás toleraríamos. Desde la inhabilitación ilegal de la líder opositora María Corina Machado –escogida democráticamente en las primarias del 22 de octubre de 2023–, hasta las continuas jornadas de persecución, hostigamiento y represión contra voluntarios, activistas y dirigentes políticos disidentes del chavismo», explican.
Por El Nacional
«Es imperativo que nuestros líderes e instituciones asuman una postura firme, condenando las irregularidades y atropellos cometidos por el régimen venezolano. La pasividad del gobierno y sus socios los convierte en cómplices de una dictadura que mantiene en la actualidad a más de 300 presos políticos, según el Foro Penal», esgrimen.
Los firmantes enumeran ocho puntos en los que, a su juicio, que evidencian las irregularidades cometidas como, por ejemplo, la censura a medios de comunicación disidentes, el impedimento de presencia de testigos internacionales imparciales, la dilatación del proceso electoral, la presencia de grupos paramilitares afines al oficialismo a las afueras de los centros de votación o el impedimento de los apoderados de la oposición a acceder a las actas de escrutinio, a pesar de tratarse de un documento publico que tenían derecho a obtener por ley.
