Evo Morales en medio de investigación judicial por caso de “trata de personas”.

El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta investigaciones judiciales tras el despido de una fiscal que intentaba arrestarlo por un caso de “trata de personas”. La fiscal despedida, Sandra Gutiérrez, declaró que el fiscal general Juan Lanchipa la relevó para proteger a Morales, mientras que seguidores del exmandatario denuncian una “persecución política” orquestada por el gobierno de Luis Arce.

La denuncia involucra a Morales en la formación de una “guardia juvenil”, la “Generación Evo”, en la que presuntamente ocurrió un caso de abuso sexual. La investigación emergió tras la marcha organizada por Morales para presionar al gobierno de Arce.

La oposición y algunos miembros del Movimiento al Socialismo planean denunciar a Lanchipa por presunta protección hacia Morales, ya que ha sido criticado por ambos lados políticos. Mientras tanto, el conflicto entre Arce y Morales se intensifica por el control del MAS y las futuras candidaturas presidenciales.

Por Esteban Biba |

Por EFE

La Paz (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) se encuentra en el ojo de un huracán judicial después de que una fiscal fuera despedida porque, según ella, “iba a capturar” al exmantadario por un caso de “trata de personas” y dicha aprehensión fuera “desactivada” por una jueza una hora antes de su ejecución.

Los seguidores de Morales alegan una “persecución política” en su contra con la revelación de las nuevas investigaciones y aseguran que es un plan del Gobierno de Luis Arce para que el exmandatario no se postule como candidato presidencial en las elecciones de 2025.

Algunos ministros del presidente Luis Arce afirman que recibieron varias denuncias de “violaciones” y casos del pasado de Morales, y advirtieron que lo investigarán con todos los recursos a su disposición.

A continuación las claves de las investigaciones que involucran al expresidente boliviano:

Sandra Gutiérrez, la ahora exfiscal departamental de Tarija, sorprendió al país andino la noche del miércoles con una denuncia de que la despidieron por querer capturar a Evo Morales en un caso de “trata de personas”.

Según Gutiérrez, el fiscal general, Juan Lanchipa, la despidió y no la dejó ingresar a su oficina el día que ejecutaría la captura de Morales y tras decirle que “ese caso no se toca”.

Por su parte la jueza de la región de Santa Cruz que “desactivó” la orden de captura, Lilian Moreno, denunció a los medios bolivianos que “recibió presiones” para hacerlo y aseguró que el caso “no está cerrado”.

La denuncia por la que se iba a capturar a Morales se filtró a los medios, y en esta se indica que en su periodo presidencial entre los años 2014 y 2015 creó una “guardia juvenil” conformada por jóvenes de 14 y 15 años a la que nombró “Generación Evo”.

Según el documento, Morales habría firmado como padre el acta de nacimiento de un bebé nacido en 2018, cuando la madre, que pertenecía a la “guardia juvenil”, tenía 16 años.

La víctima denunció la violación del expresidente cuando ella tenía 15 años y era parte de la “Generación Evo”. La denuncia también dice que los padres de la entonces menor se habrían “lucrado” para dejarla a disposición del expresidente.

Unas horas antes de que se revelara la investigación de Evo Morales, el Gobierno de Javier Milei le quitó el estatus de refugiado en el país, que el expresidente peronista Alberto Fernández le otorgó en 2019.

Morales se mudó a Argentina tras las crisis política de 2019, que él y sus allegados calificaron como un “golpe de Estado” en su contra en las fallidas elecciones de ese año.

Sin embargo, la oposición calificó la crisis como un “autogolpe” para manipular las elecciones porque el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no obtuvo los votos esperados para la tercera reelección de Morales.

Después de conocerse el despido de la fiscal Guitiérrez, al fiscal general, Juan Lanchipa, lo criticó el Gobierno de Arce y la oposición.

Lanchipa, quien termina su gestión este mes, ha sido señalado en el pasado de ser ‘evista’ o afín a la facción oficialista de Evo Morales, sin embargo él aseguró que despidió a la fiscal por actos de “negligencia” en la investigación del exmandatario y que nunca ordenó “paralizar la captura”.

Varios diputados del MAS y de la oposición anunciaron que denunciarán a Lanchipa por proteger a Morales, mientras que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, lo cuestionó y pidió un informe de las acciones del fiscal general.

Arce y Morales libran una larga batalla por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano, y desde 2021 se encuentras alejados también por una pugna por la candidatura presidencial del partido para las elecciones del próximo año.

La denuncia de “trata de personas” se presentó tres días después que Morales y miles de sus seguidores llegaran a la ciudad de La Paz tras marchar 187 kilómetros por 7 días en el altiplano.

Al culminar dicha iniciativa, que Morales llamó “Marcha para salvar Bolivia” pero que el Gobierno denominó “Marcha de la Muerte”, el exmandatario dio un ultimátum al presidente Arce, y dijo que “si quiere seguir gobernando” debía despedir a varios de sus ministros, a los que calificó de “corruptos, narcos drogos”.

El caso más reciente contra Morales fue por tráfico de influencias en el que acusaban a su exnovia Gabriela Zapata de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios. Zapata fue sentenciada a 10 años en prisión.

La oposición denunció a Morales de estar involucrado, pero él siempre lo rechazó y el Parlamento, controlado por su partido en 2017, concluyó en una investigación que ese delito no existió.

Asimismo varios casos contra Morales fueron abiertos por el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), entre estos uno por estupro y relaciones con menoresLa acusación se basaba en fotografías y mensajes de móvil con una menor que supuestamente presentaba un flujo migratorio no explicado a México y Argentina, países en los que estuvo Morales al dejar la Presidencia.

Sin embargo ese y los otros casos fueron desestimados o cerrados tras el regreso del MAS al poder y de Morales a Bolivia a finales de 2020.