Exdirector y exsubdirector de UNGRD imputados por corrupción en gobierno colombiano.
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La Fiscalía de Colombia imputó cinco cargos al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al exsubdirector Sneyder Pinilla por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
Los cargos son: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en contratos, falsedad ideológica y falsedad en documento privado.
Se les acusa de malversar 46,800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para La Guajira, involucrando también a otros funcionarios y exfuncionarios.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también es mencionado, aunque él niega su participación en cualquier acto irregular.
La audiencia continúa en un juzgado de Bogotá, y se espera que la Fiscalía solicite detenciones.
Bogotá (EFE).- La Fiscalía de Colombia imputó este jueves cinco cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y al exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla, por un escándalo de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los cargos son por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, detalló Andrea Muñoz, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, durante la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.
La imputación tiene como origen la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento de La Guajira.
Según la Fiscalía, de la trama de corrupción, además de López -que fue nombrado en el cargo por el presidente Petro- y de Pinilla también hacen parte Luis Eduardo López Rosero, por ser contratista en la compra de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación.
También están implicados Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura, y Andrés Calle, que acaba de dejar la presidencia de la Cámara.
Igualmente aparecen en las denuncias Carlos Ramón González, que el año pasado dirigía el Departamento Administrativo de Presidencia, desde donde supuestamente dio la orden para pagar las coimas a Name y Calle. González es el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.
También se mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría autorizado el desembolso del presupuesto de la UNGRD.
En la diligencia judicial la fiscal Muñoz aseguró que Olmedo López y Sneyder Pinilla tramitaron coimas por 5.342 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), parte de las cuales fueron para el senador Name y el representante Calle.
“Señor Olmedo López, usted acordó con Sneyder Pinilla que a cambio de entrega de dinero se direccionara a las empresas manejadas por sus amigos (…) ocho contratos”, afirmó Muñoz.
Según la fiscal, López también coordinó el reparto de contratos con el ministro de Hacienda.
“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”, manifestó en una declaración el ministro Bonilla.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, “preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, ejecutar un presupuesto no es entregar plata, reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, y recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”.
La Fiscalía también dijo que la entrega del dinero a los expresidentes del Senado y la Cámara contó con instrucciones del actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La audiencia continúa en un juzgado de Bogotá y se espera que el próximo paso sea la solicitud al juez, por parte de la Fiscalía, de una orden de detención de los dos principales implicados en este caso.