La Policía Federal reforzó la sospecha de que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro mantuvo una red de espionaje ilegal, con recursos del Estado, para vigilar a adversarios políticos. Los documentos desclasificados por la Corte Suprema revelan que el espionaje alcanzaba a parlamentarios, miembros del Poder Judicial, periodistas y gobernadores.
El juez Alexandre de Moraes difundió estos documentos, coincidiendo con la detención de cuatro supuestos miembros de la red, incluyendo un exfuncionario del gabinete de prensa de la Presidencia. Entre los vigilados estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y al menos cuatro miembros de la Corte Suprema.
La red operaba conjuntamente con la oficina de prensa de la Presidencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia, liderada por Alexandre Ramagem, quien habría dirigido el espionaje. Los documentos también indican que Ramagem, actualmente diputado, habría espiado a la propia Policía en relación a procesos contra tres hijos de Bolsonaro.
Bolsonaro enfrenta diversos procesos judiciales, incluyendo la apropiación ilegal de obsequios y la obtención de un certificado falso de vacunación contra la covid-19. En otro proceso, se le acusa de planificar un golpe de Estado para impedir la investidura de Lula da Silva.
Tras la difusión de los documentos, Bolsonaro no comentó sobre el asunto, pero previamente rechazó la existencia de la red de espionaje. En febrero, tras el allanamiento de la residencia de su hijo Carlos Bolsonaro, negó las acusaciones, asegurando que todo era parte de una “persecución” basada en “fake news”.
Brasilia (EFE).- La Policía Federal reforzó la sospecha de que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro mantuvo una red de espionaje ilegal, con recursos del Estado, para vigilar a sus adversarios políticos mientras estuvo en el poder, según documentos desclasificados este jueves por la Corte Suprema.
Por EFE
Los documentos forman parte de una investigación iniciada el año pasado y revelan que el espionaje ilegal alcanzaba a parlamentarios, miembros del Poder Judicial, periodistas y gobernadores, entre muchos otros considerados adversarios del líder de la ultraderecha.
La decisión de difundir esos documentos la tomó el juez Alexandre de Moraes, responsable por la investigación en el Supremo, el mismo día que la Policía Federal detuvo a cuatro supuestos miembros de esa red ilegal, entre quienes está un antiguo funcionario del gabinete de prensa de la Presidencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
De acuerdo a la Policía Federal, entre los vigilados figuraban el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pese a que en la época se le consideró cercano a Bolsonaro, y al menos cuatro de los once miembros de la Corte Suprema.
En la red, también según la Policía, operaban juntas la oficina de prensa de la Presidencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), cuyo director en la época, Alexandre Ramagem, habría estado al frente de ese espionaje ilegal.
Los documentos también renuevan la sospecha de que Ramagem, hoy diputado por la extrema derecha, también se habría valido de esa red para espiar a la propia Policía en relación a procesos que cursaban en los tribunales contra tres de los hijos de Jair Bolsonaro.
El expresidente enfrenta diversos procesos en la Justicia, pero hasta ahora solo se le imputó en dos, en el que aparece como sospechoso de apropiarse ilegalmente de obsequios recibidos durante su mandato, que deberían entregarse al acervo del Estado, y en el que se le acusa de haber usado una red ilegal para obtener un certificado falso de vacunación contra la covid-19.
La Policía imputa a Bolsonaro por la apropiación de joyas obsequiadas a la Presidencia
En el más grave de los procesos abiertos se trata de haber planificado un golpe de Estado para impedir la investidura del actual mandatario, Luis Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de 2022.
Tras la difusión de los documentos, Bolsonaro no hizo comentarios sobre el asunto, al menos inmediatamente, pero ya había rechazado por completo la existencia de esa supuesta red de espionaje.
En febrero pasado, cuando en el marco de esta investigación se allanó la residencia de su hijo Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, el líder de la ultraderecha reaccionó airado y aseguró que no existe “ninguna prueba” de ese espionaje a sus opositores.
Según dijo en ese momento, todo sería parte de la “persecución” que dice sufrir desde que Lula llegó al poder y solo tiene como base “un montón de ‘fake news’” que serán “desmontadas” por sus abogados.