Fiscales republicanos bloquean observación electoral del Departamento de Justicia USA.
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Algunos estados republicanos intentan bloquear la observación electoral del Departamento de Justicia de EE.UU., rompiendo con una tradición de décadas en medio de denuncias de fraude por parte de Trump. Fiscales generales de Florida, Misuri y Texas presentaron demandas para excluir a observadores federales. Mientras que en Texas se logró un acuerdo limitando la entrada a centros de votación, en Florida y Misuri sus recursos fueron desestimados.
El Departamento desplegó funcionarios a 86 jurisdicciones en 27 estados para supervisar el acceso al voto. En el condado de Bexar, Texas, el sheriff Javier Salazar ve al Departamento de Justicia como un aliado y aseguró que el día transcurrirá con tranquilidad. Las elecciones han estado rodeadas de teorías de conspiración sobre su integridad, afectando decisiones como la “purgación” de registros electorales en Texas. Además, el DHS alertó sobre un aumento en la amenaza de “violencia electoral”. Trump y Harris se disputan la presidencia en una contienda reñida en EE.UU.
San Antonio (EE.UU.) (EFE).- Algunos estados con gobiernos republicanos intentan bloquear la observación electoral del Departamento de Justicia de Estados Unidos, rompiendo con una tradición de décadas en el país en unas elecciones marcadas por las denuncias anticipadas de fraude por parte del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Los fiscales generales de Florida, Misuri y Texas presentaron demandas para evitar la entrada de observadores federales a sus estados.
Los dos primeros tuvieron sus recursos desestimados por los tribunales, mientras que en Texas el fiscal general logró un acuerdo con el Departamento de Justicia para prohibir que los observadores puedan entrar a los centros de votación este martes.
“Solo Texas maneja las elecciones en Texas y no vamos a ser intimidados por el Departamento de Justicia”, escribió el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton cuando dio a conocer el acuerdo, “ningún agente federal podrá interferir con las elecciones libres y justas en Texas”.
Sin embargo, las personas que acuden a votar pueden hablar con los abogados observadores si lo desean, según estipula el texto del acuerdo entre el gobierno estatal y el federal.
El Departamento de Justicia desplegó este martes decenas de funcionarios a 86 jurisdicciones en 27 estados de todo el país para supervisar que se respete el acceso al voto de los ciudadanos durante las elecciones.
Uno de estos sitios es el condado de Bexar, al sur de Texas, donde viven más de dos millones de personas. El sheriff del condado, Javier Salazar, indicó a EFE que considera al Departamento de Justicia como un “buen aliado”.
“No me puedo imaginar por qué alguien no querría que a más funcionarios para ayudarnos a garantizar que las elecciones sean seguras”, indicó Salazar.
El sheriff aceptó a su vez que en esta jornada electoral hay un nivel de ansiedad “elevado” en comparación con los comicios de 2020, pero indicó que el condado tiene a agentes desplegados en toda la región para asegurarse de el día transcurra con tranquilidad.
Las elecciones generales de este año han estado marcados por teorías de conspiración sobre su integridad, promovidas por legisladores republicanos y el propio Donald Trump.
La idea sin fundamento de que miles de migrantes indocumentados intentarán votar en estas elecciones ha llevado a que autoridades en varios estados, incluyendo Texas, hayan decido “purgar” los registros electorales, en algunos casos dejando sin el derecho al voto a ciudadanos estadounidenses.
A su vez, funcionarios de inteligencia de EE.UU. han enviado alertas a diferentes agencias del gobierno federal sobre la amenaza de grupos extremistas con la intención de afectar en el proceso electoral.
Según documentos publicados por la ONG Property of the People, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha alertado sobre un incremento en la amenaza de “violencia electoral” motivada por las teorías de conspiración.
Donald Trump y Kamala Harris se disputan este martes la presidencia de Estados Unidos en una reñida contienda electoral que marcará el rumbo de la primera potencia mundial durante los próximos cuatro años.