Política
Fiscalía solicita despojar inmunidad a presidente guatemalteco.
El Ministerio Público de Guatemala lanzó un nuevo ataque contra el Gobierno de Bernardo Arévalo de León, con un supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, y pidió que el mandatario quede sin inmunidad.
El caso fue presentado por el fiscal Rafael Curruchiche y Ángel Pineda, ambos sancionados internacionalmente por corrupción. Arévalo relevó en mayo a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por pagos sin su autorización, lo cual es calificado de ilegal por Curruchiche.
El denunciante Ricardo Méndez Ruiz, también sancionado por EE.UU., motivó la petición. Consuelo Porras, Curruchiche y Pineda han perseguido judicialmente a Arévalo tras su triunfo en 2023. Arévalo denunció un “golpe de Estado” en su contra en septiembre.
El partido oficial, Movimiento Semilla, rechazó la acusación. Samuel Pérez Álvarez lo calificó de “incompetente desesperado” y Andrea Reyes Zeceña denunció las acusaciones como “conjeturas ridículas”. La congresista recordó que no se han investigado denuncias contra anteriores Gobiernos documentadas por la Administración Arévalo.
La persecución judicial coincidió con el triunfo electoral del académico en 2023, quien ganó con un discurso anticorrupción. La agitación política resurgió con las acusaciones en contra de su Gobierno y sus intentos de reformas.
Ciudad de Guatemala (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala lanzó un nuevo ataque contra el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, con un supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. A su vez, pidió que el mandatario quede sin inmunidad.
Por EFE
El caso se presentó en rueda de prensa por parte del fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo graves señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023.
El supuesto caso en contra de Arévalo de León tiene como origen el despido en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones en aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante removió del puesto después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización.
De acuerdo con Curruchiche, la decisión arbitraria de Arévalo de León es ilegal y por ello pidieron la remoción de su inmunidad en el cargo, tras una denuncia lanzada por Ricardo Méndez Ruiz, dirigente de una fundación de extrema derecha y también sancionado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio.
Curruchiche, Pineda y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, emprendieron en 2023, tras el triunfo electoral de Arévalo de León, una persecución judicial en contra del ahora gobernante.
Este denunció en septiembre de ese mismo año un “golpe de Estado” en su contra para evitar que tomara posesión en enero de 2024.
Al respecto de la acusación, la bancada oficial, el Movimiento Semilla, replicó en sus redes oficiales en contra del Ministerio Público y del nuevo caso para intentar derribar a la agrupación política que llevó a la presidencia a Arévalo de León.
“Curruchiche es un incompetente desesperado”, argumentó Samuel Pérez Álvarez, uno de los líderes del partido oficial.
En el mismo sentido, la diputada Andrea Reyes Zeceña aseveró que la acusación está armada con “tuits y conjeturas ridículas” y es “una vergüenza para un pueblo que tiene hambre y sed de justicia”.
De igual forma, la legisladora recordó que no se han investigado más de 100 denuncias en contra de Gobiernos anteriores, documentadas por la Administración de Arévalo de León en sus primeros meses.
La persecución judicial en contra del Movimiento Semilla y Arévalo de León, con varios casos judiciales en su contra, llegó después de que el académico ganara las elecciones presidenciales en 2023 con un discurso anticorrupción. La agrupación política nació precisamente de las manifestaciones en contra de la corrupción del Gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.
