La Fiscalía de Perú pidió 36 meses de prisión preventiva para Jorge Barata, exdirector de la empresa brasileña Odebrecht, al incluirlo en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto adjudicado a dicha compañía.
“El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal Norma Geovana Mori Gómez, dispuso incluir a Jorge Barata en la investigación preparatoria del caso Gasoducto Sur Peruano, cuyo plazo vence en septiembre próximo. Además, requirió prisión preventiva por 36 meses, estimando la conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz”, informó el Ministerio Público.
Añadió que el lunes, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica de Barata, “en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado”, al haber favorecido presuntamente a Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.
Barata, residente en Brasil desde 2016, ha sido implicado en declaraciones del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien lo incriminó en los proyectos mencionados. Para hacer efectivo el pedido de prisión preventiva, se tendría que pedir su extradición.
Dirigió Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la “colaboración eficaz” en casos que involucran a los expresidentes Toledo, García y Humala. Odebrecht ganó en 2014 la licitación del Gasoducto Sur Peruano, ofreciendo más de 7 mil millones de dólares, pero las denuncias revelaron coordinación con funcionarios y la ex primera dama Nadine Heredia para obtener la concesión, a cambio de comisiones ilegales de dinero.
Lima (EFE).- La Fiscalía de Perú pidió este miércoles 36 meses de prisión preventiva para Jorge Barata, exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en el país andino, al incluirlo en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto que el Estado adjudicó a dicha compañía.
Por EFE
“El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, cuyo plazo vence en septiembre próximo. Además, requirió prisión preventiva por 36 meses en contra del referido imputado, estimando la conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz”, informó el Ministerio Público en su página web.
Añadió que el lunes, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica de Barata, “en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado”, al haber favorecido presuntamente a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
“Es preciso indicar que Jorge Barata, en su declaración vía cooperación judicial, no reconoce los hechos fácticos materia de la investigación, apartándose de aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz que se encuentra en fase de ejecución”, argumentó el equipo especial Lava Jato.
El Ministerio Público finalizó el comunicado al añadir que el 24 de mayo se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó a Barata en los proyectos mencionados.
El exdirectivo reside en Brasil desde 2016, por lo que para hacer efectivo el pedido de presión preventiva, se tendría que pedir su extradición.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la figura de “colaboración eficaz” en casos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), puesto que la trama corrupta de la empresa brasileña atravesó diversas obras de infraestructrura durante dichos Gobiernos.
Odebrecht ganó en 2014 la licitación para el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano junto a Enagás y la peruana Graña y Montero al ofrecer más de 7.000 millones de dólares para la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías desde el yacimiento de gas de Camisea en Cuzco hasta la costa de la región Arequipa.
Sin embargo, las denuncias contra Odebrecht revelaron que la compañía coordinó con funcionarios a cargo del proceso y con la misma ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, para obtener la concesión, a cambio de entregar comisiones ilegales de dinero.
