El ministro de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, solicitó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que el Ministerio Público cese una serie de “acciones intimidatorias e ilegales” en su contra. El Ministerio de Finanzas detalló que Menkos goza de inmunidad por su cargo, pero ello no ha evitado que fiscales del Ministerio Público “desarrollen diligencias de investigación” desde el pasado 29 de mayo. Entre las ilegalidades se menciona un allanamiento sin derecho legal el pasado 11 de junio al lugar de trabajo de Menkos para indagar sobre reuniones de trabajo.
El Ministerio de Finanzas aseguró que fiscales intentaron obligar a Menkos a declarar mediante un oficio sin número, lo que constituiría una investigación o caso no identificado. El objetivo del Ministerio Público, según el Ministerio de Finanzas, es hacer creer a la población que se han cometido hechos anómalos en la cartera. Desde el triunfo electoral de Bernardo Arévalo de León en 2023, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por EE.UU. bajo señalamientos de corrupción, ha perseguido judicialmente al nuevo Gobierno y al partido oficial, el Movimiento Semilla.
En septiembre pasado, Arévalo de León acusó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra. El presidente de Guatemala presentó una reforma de ley en el Congreso para remover a la fiscal. Menkos fue electo como diputado en las elecciones generales de 2023 y nombrado ministro por Arévalo de León para formar parte de su Gabinete. El Movimiento Semilla, partido de Arévalo de León, nació de las manifestaciones populares en 2015 con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina. Porras y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, están sancionados por EE.UU. y la Unión Europea, acusados de manipular la Justicia en Guatemala.
Ciudad de Guatemala (EFE).- El ministro de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, solicitó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que el Ministerio Público (Fiscalía) cese una serie de “acciones intimidatorias e ilegales” en su contra.
Por EFE
El Ministerio de Finanzas detalló este sábado que Menkos goza de antejuicio (inmunidad) por su cargo, pero ello no ha evitado que fiscales del Ministerio Público “desarrollen diligencias de investigación” desde el pasado 29 de mayo sobre el titular de la cartera.
Entre las ilegalidades que describe el Ministerio de Finanzas se encuentra un allanamiento sin derecho legal el pasado 11 de junio al “lugar de trabajo” de Menkos para indagar sobre “reuniones de trabajo” por parte del funcionario del Gabinete del actual presidente, Bernardo Arévalo de León.
De igual forma, el Ministerio de Finanzas aseguró que fiscales intentaron obligar a Menkos a declarar “por medio de un oficio sin número”, lo que constituiría una investigación o caso no identificado.
De acuerdo a la misma fuente, el objetivo del Ministerio Público es hacer “creer a la población que se han cometido hechos anómalos” en la cartera.
Desde el triunfo electoral de Arévalo de León en 2023, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, ha perseguido judicialmente al nuevo Gobierno y al partido oficial, el Movimiento Semilla.
Debido a ello, en septiembre pasado, el mismo Arévalo de León acusó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.
El presidente de Guatemala entrega una reforma de ley en el Congreso para remover a la fiscal
Menkos fue electo como diputado en las elecciones generales de 2023 y pasó a ser ministro por decisión de Arévalo de León para que formara parte de su Gabinete.
El nuevo presidente llegó al cargo bajo un discurso anticorrupción de la mano del Movimiento Semilla, un partido nacido de las manifestaciones populares que se iniciaron en 2015 con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).
Tanto Porras como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, están sancionados por EE.UU. y la Unión Europea con la prohibición de ingresar a su territorio, señalados de manipular la Justicia en el país centroamericano.
