Orden de aprehensión contra Evo Morales por trata de personas: ¿Injusticia o justicia transparente?

La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que declare en una investigación por trata de personas y estupro. Morales, citado a declarar en Tarija, presentó un memorial para no asistir, argumentando que el caso debe tratarse en Cochabamba. La fiscal Gutiérrez afirmó que Morales y otros investigados han sido debidamente notificados y que la orden es parte de un proceso legal transparente.

Organizaciones afines a Morales advirtieron que si se emite la orden, comenzarán un bloqueo nacional de caminos. Morales sostiene que enfrentará la “persecución política” con más de 200 abogados dispuestos a defenderlo. La denuncia contra Morales fue presentada en septiembre, poco después de una caminata liderada por él con diversas demandas. El Grupo de Puebla expresó preocupación por lo que considera una “campaña de lawfare” contra Morales.

La Paz (EFE).- La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y estupro.

Por EFE

“Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”, señaló Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.

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Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.

Morales estaba citado a declarar hoy en Tarija, pero su defensa presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

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Gutiérrez señaló que, además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron.

“Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia”, indicó.

La fiscal explicó que “el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa” y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales.

Gutiérrez sostuvo que “no se está vulnerando ningún derecho”, como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron en esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.

El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él es una “persecución política” y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.

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La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.