La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó en segunda votación una ley que limita la aplicación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, desafiando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que solicitó que se deje sin efecto esta norma por la prescripción que impondría.
La aprobación se logró con 15 votos a favor y 12 en contra en una sesión de la Comisión Permanente. La CorteIDH había exigido el martes que el Estado peruano, a través de sus tres poderes, no adopte, deje sin efecto o no otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR, y presentara un informe sobre el cumplimiento de su mandato para el 9 de agosto próximo.
El Congreso aprobó inicialmente la propuesta el 7 de junio con 60 votos a favor, requiriendo ratificación en una segunda votación. La CorteIDH ordenó a Perú detener su trámite hasta emitir una resolución. El proyecto, propuesto por los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, pretende impedir el procesamiento por delitos de lesa humanidad antes de 2002, excluyendo el conflicto interno de 1980-2000 que dejó más de 69.000 víctimas.
El primer ministro Gustavo Adrianzén expresó estar “indignado” por la orden de la CorteIDH y consideró “intolerable” que una corte supranacional llame a los tres poderes peruanos a no aprobar una ley. Promueve un pronunciamiento conjunto de los tres poderes en rechazo a esta disposición.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos advierten que esta ley afectará el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, específicamente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, por los que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
Lima (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
Por EFE
La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate.
La CorteIDH había requerido el martes “al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.
También ordenó a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su mandato.
CorteIDH ordena a Perú dejar sin efecto proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad
La propuesta inicial se aprobó el pasado 7 de junio por el pleno del Congreso con 60 votos a favor, pero requería de esta segunda votación para su ratificación y, precisamente, este tribunal ordenó el 13 de junio a Perú que detenga su trámite hasta que emitiera una resolución respecto al tema.
El proyecto lo propusieron el partido fujimorista Fuerza Popular y el ultraconservador Renovación Popular, bancada conformada en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas, y pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este miércoles que está “indignado” por la orden de la CorteIDH sobre el, hasta hoy, proyecto de ley.
“Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno, sobre un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en una ley”, declaró Adrianzén al ser consultado sobre el tema.
El primer ministro agregó que “resulta intolerable” que la corte supranacional llame a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “de un estado miembro soberano”, como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
Señaló que está promoviendo un pronunciamiento conjunto de los tres poderes para manifestar “el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos afirman que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos, por los que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
