Protesta en Perú por inseguridad desbordada

En Perú, una gran protesta ciudadana, encabezada por gremios de transporte público y pequeñas tiendas, se llevó a cabo frente al Congreso para exigir medidas contra la inseguridad. Aricel Guevara, una artista afectada por extorsiones, manifestó su desconfianza hacia la policía y el gobierno, y junto con cientos de ciudadanos, demandó leyes efectivas ante el aumento de la delincuencia.

Luz Fernández y José Campos, entre otros manifestantes, resaltaron la creciente inseguridad y la incapacidad del gobierno para controlarla. Campos denunció las amenazas en mercados y la falta de acción oficial, convocando a legislar para frenar a los delincuentes organizados.

Los transportistas protestaron contra una ley de crimen organizado y la propuesta de catalogar algunos delitos como “terrorismo urbano”. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, calificó la protesta como “politizada”. La respuesta del gobierno incluyó declarar un estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao por 60 días.

Lima (EFE).- “En Perú ya no se puede confiar en nadie”, afirmó a EFE Aricel Guevara, una artista que confesó ser víctima de la extorsión y llegó este jueves frente a la sede del Congreso, junto a otros cientos de personas, para reclamar a las autoridades medidas drásticas contra la inseguridad ciudadana.

Por EFE

La afirmación de Guevara fue el común denominador de la gran protesta ciudadana encabezada por los gremios de transporte público y las pequeñas tiendas de ventas de abarrotes que son víctimas del embate de la delincuencia, a los que se sumaron ciudadanos de diversos sectores en el país, desde artistas hasta pescadores.

Guevara expresó que se siente “muy golpeada por la delincuencia” y ahora cree que “en Perú ya no se puede confiar en nadie, ni en la Policía ni en el Gobierno”.

“Soy madre de una niña, he cancelado mis contratos hasta fines de enero por extorsión, me siento amenazada, muy triste, porque también estoy aterrada, me andaban buscando”, reveló.

A pesar de ello, dijo que decidió salir a manifestarse junto a otros cientos de ciudadanos porque se cansó “de llorar” y consideró que “es triste ver cómo el delincuente tiene más beneficios que un peruano de a pie”.

Luz Fernández Zurita, otra ciudadana que dijo no pertenecer a ninguna organización, afirmó que decidió llegar desde el populoso distrito limeño de Santa Anita, en el este de la capital peruana, para apoyar el paro porque en su país “se está viviendo una inseguridad tremenda”.

“Solo quiero decirle a la presidenta y al ministro del Interior que se preocupen por la gente, que está viviendo mucha inseguridad, que no hagan oídos sordos, que hagan leyes, pero a favor del pueblo”, invocó.

En la misma manifestación, José Campos, un dirigente nacional de los mercados de abastos de Perú, enfatizó a EFE que la protesta se ha realizado porque “definitivamente la delincuencia ha desbordado todos los parámetros” y el Gobierno “no puede controlarla”.

“Por eso estamos reclamando y exigiendo que se paralice ya esta situación, porque no se puede trabajar”, sostuvo antes de asegurar que “en todos los mercados del Perú meten bombas para extorsionar”.

Guevara, Fernández y Campos fueron algunas de las cientos de personas que se movilizaron desde diferentes distritos de Lima hasta el Congreso para exigir a los legisladores que promuevan leyes para combatir con eficacia a los delincuentes organizados.

En la zona , los manifestantes controlaron por numerosos policías antidisturbios, con los que protagonizaron algunos enfrentamientos.

Una delegación de dirigentes de los gremios logró ser recibido por congresistas en la sede del Palacio Legislativo, a los explicaron sus principales reclamaciones y exigieron que emitan leyes que sean efectivas.

Los grupos de transportistas y comerciantes de mercados y tiendas pequeñas marcharon a lo largo del jueves por varias zonas de Lima para protestar por la inseguridad ciudadana, una protesta que paralizó la capital.

Los transportistas convocaron a la protesta para exigir que se derogue una polémica ley sobre crimen organizado, que varios especialistas consideran que obstaculiza su combate, además de rechazar una propuesta del Gobierno para catalogar como “terrorismo urbano” delitos como la extorsión, el sicariato o el secuestro.

En respuesta, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, aseguró que la protesta ha sido “politizada” y acusó a un sector de transportistas urbanos de intentar chantajear al Ejecutivo para obtener nuevas rutas y que les quiten multas.

Tras una primera protesta que se realizó la semana pasada, que contó con apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a trece de los 43 distritos de Lima y uno en Callao.