Si se comprueban los vínculos de la pareja presidencial peruana con una organización criminal, podrían enfrentar años de cárcel

La situación legal del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes podría complicarse en los próximos días. La pareja presidencial ha sido señalada una vez más en presuntos actos de corrupción de este gobierno y el Ministerio Público podría tomar nuevas medidas en su contra de acuerdo a abogados penalistas consultados por Infobae.

Por Infobae

El domingo pasado, el dominical Panorama reveló que Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, habría entregado apuntes a la fiscalía con el puño y letra del mandatario que confirmarían su participación en los ascensos irregulares que se dieron en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el excolaborador de Castillo, se cobraba sobornos hasta por US$ 50.000.

“Sobre las F.F.A.A. el monto para ascender se establecía entre US$ 40.000 y US$ 50.000; sin embargo, el escolta del jefe de Estado indicó que el monto se mantenía en US$ 20.000″, habría señalado el exsecretario general de Palacio.

“En el caso de los cargos policiales, el señor Jorge Tarrillo Gálvez, por encargo del presidente Pedro Castillo, entregó a Bruno Pacheco la lista de cinco nombres de los policías que solicitó para ascenso”, revelaron. “Luego de ello, me enteré de que Jorge Tarrillo cobraba 20 mil dólares para ser entregados al presidente Castillo, en consecuencia, de haber ascendido a dichos policías”, apuntó Pacheco.

Pero eso no es todo lo que el exsecretario de Palacio de Gobierno, habría confesado y relatado durante su declaración con el Ministerio Público. El dominical de Panamericana Televisión indicó que Bruno Pacheco, también indicó que el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, es una persona de su confianza para el entorno del mandatario.

“Es una persona muy cercana a ellos, algo así como Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, donde Pedro Castillo tenía sus reuniones clandestinas, fuera de Palacio”, explicaron en el reportaje.

El penalista Mario Amoretti indicó en diálogo con Infobae que las recientes revelaciones de Pacheco no hacen más que corroborar la tesis del Ministerio Público que el presidente Castillo es jefe de una organización criminal. Además, añade, esto se complementaría que el mandatario habría cometido otros delitos como colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros. “Cada día, su situación está más complicada. Si se sumarán todas las penas, se superarían los 50 años”, anotó.

El ex decano del Colegio de Abogados de Lima respondió que los presuntos delitos de Castillo se habrían cometido en la clandestinidad y no físicamente como tanto solicitan los abogados del presidente y ministros de Estado cuando piden que se muestren las pruebas de los presuntos actos de corrupción.

“Un corrupto no hace firmar un recibo al funcionario que está corrompiendo. Una colusión agravada se hace por debajo de la mesa. De tal manera que los indicios razonables que corroboran la participación de Castillo en actos de corrupción son los documentos que Pacheco habría entregado a la fiscalía sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía que contiene el puño y letra del presidente”, explicó.

Amoretti cuestionó el nuevo recurso de la defensa legal de Castillo para bloquear la filtración de información de sus casos a los medios de comunicación. Como se recuerda, esto se sumaría al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia en junio pasado que determina una pena de hasta cuatro años para los periodistas que informen sobre los avances de las pesquisas de la fiscalía.

“La medida presentada es inconstitucional y, además, está prevista en el Código Procesal Penal que la filtración de estas informaciones pueden ser responsables el fiscal, el juez, el secretario y el abogado. Entonces, no se sabe quién puede haber filtrado la información. De tal manera que estas situaciones, en las que la defensa del presidente pretende de una u otra manera evitar que se investigue, hace el Congreso tome medidas”, apuntó.

Para el penalista, hay una inacción del Parlamento para vacar al presidente Castillo, quien utiliza su poder para obstruir las investigaciones fiscales. “Castillo está utilizando a estos personajes para seguir cometiendo hechos delictivos. Cuando Geiner Alvarado estaba en el Ministerio de Vivienda, se elevó a una suma considerable el presupuesto para la municipalidad de Anguía, donde se hicieron estos contratos para los hermanos Espino. Esto no hace más que confirmar que estamos ante una organización criminal que incluye a la familia del presidente y la esposa [Lilia Paredes]”, opinó.

Según la tesis fiscal, en la investigación sobre una presunta organización criminal liderada por el presidente Castillo para direccionar obras en la ciudad de Cajamarca, la primera dama Lilia Paredes habría cumplido el rol de coordinadora. Esto porque permitió que Hugo Espino se reuniera con su hermana Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno. Tras ello, ganó obras en Chota y Cajatambo.

Sobre esto, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero sostuvo en diálogo con Infobae que la primera dama ha apelado a la estrategia desconocer qué tratativas hacían su hermana Yenifer Paredes y Hugo Espino. “Yenifer Paredes vivía en su casa. De acuerdo a las propias declaraciones tanto del presidente como de la primera dama, ella era como su hija. Sin embargo, ellos dicen que no saben qué hacía o a qué se dedicaba. Eso son claras declaraciones que buscan exculparse”, precisó.

Enfatizó que, de acuerdo a cómo vaya corroborando el Ministerio Público la información entregada por los colaboradores eficaces, existe la posibilidad de que se presente un pedido de restricción personal contra Lilia Paredes. Recordó que ella no tiene ningún tipo de inmunidad ni privilegio porque no es funcionaria pública. “Esperemos que su abogado [Benji Espinoza] no cuestione que se dicte algún allanamiento en Palacio de Gobierno porque es el domicilio que ella ha brindado”, opinó.

Ampuero consideró que la fiscalía puede solicitar un requerimiento de impedimento de salida del país para la esposa de Pedro Castillo. Sin embargo, recalcó que si existen más elementos que podrían agravar la situación legal de la primera dama, no se descartaría que se solicite una detención preliminar tal como lo cumple Yenifer Paredes porque ya tiene la condición de investigada.

De otro lado, la exprocuradora indicó que la fiscalía podría solicitar una detención preliminar o impedimento de salida del país contra los hermanos de Lilia Paredes Navarro: David Alfonso y Walter Enrique, quienes son investigados por la fiscalía por haber realizado un depósito por una suma de 90.000 soles a los empresarios Anggi y Hugo Espino Lucana.

“Culminado los diez días de los detenidos hasta ahora, creo que la fiscalía tendría más elementos para judicializar el caso y pasar a una siguiente etapa del proceso que sería una investigación preparatorio. Allí va tener que disponer de una medida de restricción personal que se llama la prisión preventiva, salvo el caso que alguno se haya convertido en colaborador eficaz”, manifestó.

Ampuero consideró que el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, es una pieza clave para esclarecer este caso de corrupción que pone en jaque al presidente Castillo y su esposa Lilia Paredes.

SEGUIR LEYENDO