El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó la extradición a Estados Unidos del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes. La decisión se tomó con la mayoría de votos de siete magistrados, frente a dos disidencias, tras evaluar las pruebas enviadas diplomáticamente.
Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante el gobierno de Evo Morales, enfrenta cargos en Nueva York por conspiración para importar sustancias controladas y manejo de armas relacionadas al narcotráfico, con penas que podrían llegar a cadena perpetua.
Actualmente, está detenido preventivamente en La Paz por presunto lavado de dinero. El presidente del TSJ considera que las penas en EE.UU. serían más significativas. La extradición se formalizará notificando a las entidades pertinentes y a EE.UU. mediante canales diplomáticos.
Estados Unidos ofreció una recompensa por información que lleve a su condena, relacionándolo con el transporte de cocaína. Evo Morales criticó el proceso, insinuando que se usa políticamente contra él para inhabilitar su candidatura electoral en 2025.
La Paz (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por una corte del país norteamericano por supuestos vínculos con narcotraficantes.
Por EFE
“Informar que efectivamente hoy (miércoles) en sala plena se ha formalizado la determinación de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila Pérez en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo a los medios el presidente del TSJ, Marco Jaimes.
Maximiliano Dávila fue director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el último Gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Jaimes detalló que la extradición se aprobó con el voto favorable de siete magistrados y hubo dos disidencias, tras revisar “la documentación y las pruebas correspondientes remitidas por vía diplomática”.
El magistrado recordó que Dávila es investigado por un tribunal de Nueva York por los presuntos delitos de “asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico”.
Según Jaimes, el primer delito tiene en Estados Unidos una pena de 20 años a cadena perpetua y el segundo se sanciona con 10 a 20 años de prisión.
El exjefe antidrogas detenido en enero de 2022, está encarcelado preventivamente en La Paz desde entonces, acusado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se sanciona con 5 a 10 años de cárcel.
El presidente del TSJ justificó la decisión sobre la extradición en que “se ha considerado que la posible pena” que se le impondría en Bolivia “carece de relevancia con relación a la posible pena a imponerse en Estados Unidos”.
Agregó que este jueves se notificará a la Fiscalía General del Estado y al juzgado cautelar “que está a cargo de expedir el mandamiento”, y también a Estados Unidos “por vía diplomática”.
Las autoridades bolivianas acusaron en su momento al exjefe policial de “proteger” a una red de narcotraficantes que arrestaron en Perú y Colombia y que tienen una investigación por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés).
En agosto se supo que el TSJ emitió un auto de “detención preventiva con fines de extradición” de Dávila, lo que supuso el inicio del proceso para responder a un pedido que hizo Estados Unidos en ese sentido.
Estados Unidos ofreció en febrero de 2022 una recompensa de cinco millones de dólares por información que pueda llevar a la condena de Dávila por sus presuntos vínculos con el narcotráfico al considerar que “utilizó su posición para proteger aeronaves empleadas para transportar cocaína a través de terceros países para la distribución” en ese país.
El expresidente Morales, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce, criticó varias veces que el Ejecutivo considerara dar curso al pedido de extradición de Dávila y aseguró que en los más de dos años que lleva encarcelado no se ha demostrado su culpabilidad.
El exlíder del oficialismo considera que el Gobierno de Arce usa este caso para vincularlo con el narcotráfico e inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.
