En Venezuela se han registrado ataques, amenazas y estigmatización contra defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, exponen las arbitrariedades del gobierno. Estas personas ven la Corte Penal Internacional (CPI) como último recurso para la justicia. Erika Guevara de Amnistía Internacional advirtió sobre el aumento de actos represivos y urgió a la CPI a acelerar su investigación.
Desde noviembre de 2021, la CPI investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. En marzo pasado, la Sala de Apelaciones permitió continuar la investigación, rechazo la apelación del Gobierno venezolano.
Amnistía Internacional emitió una carta abierta al fiscal de la CPI, Karim Khan, pidiendo acciones urgentes contra la represión en Venezuela. Solicitan declaración preventiva, apoyo a ONG y defensores de derechos humanos, y condena de los ataques. En noviembre de 2022, Khan solicitó retomar la investigación, rechazando los argumentos venezolanos.
La CPI considera que debe continuar la investigación a pesar de la apelación venezolana. El proceso quedó en suspenso, condicionado a que Venezuela investigara internamente los supuestos crímenes de 2017. Guevara expresó alarma por el silencio del fiscal Khan ante la crisis humanitaria, destacando la muerte de decenas y la detención de más de dos mil personas por oponerse al gobierno de Maduro.
Mencionó, según una nota publicada en la página web de Amnistía Internacional, que en Venezuela también se han registrado ataques, amenazas y estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que exponen las arbitrariedades del gobierno. A su juicio, estas personas miran la CPI «como último recurso para la justicia».
Guevara señaló que el actual aumento en escala y gravedad de los actos que se están llevando a cabo contra el pueblo venezolano exige que acelere «urgentemente su investigación sobre la situación en el país».
Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.
Amnistía Internacional emitió este viernes una carta abierta dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidiéndole acciones urgentes ante la política de represión que se vive en Venezuela.
«En términos concretos, esperamos que el fiscal emita una declaración preventiva que ponga sobre aviso a las personas perpetradoras de posibles crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos. También le pedimos que apoye públicamente a las ONG y personas defensoras de derechos humanos venezolanas, y que condene los ataques contra aquellas que están siendo atacadas por su incansable labor en favor de la justicia. Ahora más que nunca, necesitamos una acción inmediata y decidida de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», finalizó.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
«Ahora más que nunca, necesitamos una acción inmediata y decidida de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», añadió.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
“El silencio del Fiscal Karim Khan ante la crisis que sufre Venezuela es alarmante. Su Fiscalía ha sido testigo de la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales, así como de la detención arbitraria de más de dos mil personas en escasos días, sólo por oponerse o ser percibidas como opositoras al gobierno de Nicolás Maduro», expresó Erika Guevara, directora senior de investigación, incidencia, políticas y campañas para la organización.
Por El Nacional
