El Gobierno de Argentina negó tener “un pacto de inmunidad” con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro para ofrecer asilo político a 65 ciudadanos que ingresaron a Argentina tras el asalto del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
“No hacemos ningún pacto de inmunidad con Bolsonaro ni lo haremos jamás con nadie. Es un tema judicial. La Justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos”, declaró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Adorni explicó que será decisión de la Justicia local cómo proceder ante cualquier solicitud de Brasil. Sobre el ingreso de los acusados a Argentina, aseguró que el Ejecutivo no ha investigado cómo se produjo y agregó que desconoce si hubo negligencia.
El 14 de junio, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) pidió información al Ministerio de Seguridad de Argentina sobre el eventual ingreso de los ciudadanos brasileños que forman parte de un grupo acusado por los ataques a las sedes del Estado en Brasilia, ocurridos una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
Un abogado de los prófugos indicó que algunos han solicitado ser reconocidos como refugiados por razones políticas a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). El Gobierno argentino afirmó no haber recibido ninguna comunicación del organismo de protección de refugiados y que se opondrá a otorgarles el estatus de refugiados si hay una condena firme.
El presidente argentino, Javier Milei, mantiene una relación cercana con Bolsonaro y distante con Lula da Silva.
Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina negó este miércoles tener “un pacto de inmunidad” con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022), para ofrecer asilo político a 65 ciudadanos que supuestamente ingresaron a Argentina tras el asalto del 8 de enero de 2023 perpetrado por partidarios de Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Por EFE
“No hacemos ningún pacto de inmunidad con Bolsonaro ni lo haremos jamás con nadie. (Este) es un tema judicial. La Justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos”, declaró en conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
“Si la Justicia de Brasil le solicita a la (Justicia) argentina una determinada cuestión, será una decisión de la Justicia local cuál es la medida que toma”, dijo.
Preguntado por cómo se produjo la entrada en territorio argentino de los acusados en Brasil, Adorni aseguró que el Ejecutivo no ha averiguado cómo se produjo su eventual ingreso.
“No sé si hubo negligencia por la entrada”, agregó.
El pasado 14 de junio, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) envió un pedido de “información fidedigna” al Ministerio de Seguridad de Argentina en relación con el eventual ingreso de los ciudadanos brasileños que formarían parte de un grupo de 208 procesados y, en algunos casos, imputados por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.
Estos hechos tuvieron lugar una semana después de la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció a Bolsonaro en las elecciones que tuvieron lugar en octubre de 2022.
Respecto al ingreso de los acusados brasileños a territorio argentino, uno de los abogados de los prófugos aseguró a EFE que algunos de ellos ya han solicitado ser reconocidos como refugiados por razones políticas a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
El Gobierno de Argentina ha dicho que por el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte del organismo encargado de la protección y asistencia de los refugiados en el país, y que en el caso de que haya una condena firme contra esas personas, se opondrá a otorgarles el estatus de refugiadas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, quien mantiene un cercano vínculo con Jair Bolsonaro y sus familiares, tiene una relación distante con Lula da Silva.