¡CPI emite órdenes de arresto contra altos mandos rusos!

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes, responsabilizando a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia por crímenes de guerra como “dirigir ataques a objetivos civiles y causar daños colaterales excesivos”, así como crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos” bajo el Estatuto de Roma.

El fiscal Karim Khan solicitó estas órdenes, acusando a Shoigú y Guerásimov de ser “responsables a nivel penal” de cometer estos actos, ordenarlos y/o no ejercer control adecuado sobre sus fuerzas para evitarlos.

“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles contra infraestructura eléctrica ucraniana desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023”, indicaron los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Según los magistrados, las fuerzas armadas rusas realizaron “numerosos ataques contra plantas de energía y subestaciones en múltiples localidades” de Ucrania, muchos de ellos dirigidos contra objetivos civiles, excediendo claramente el daño colateral en comparación con cualquier ventaja militar anticipada.

La Sala denuncia que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta múltiple de actos contra la población civil, de acuerdo con una política estatal”, causando intencionalmente gran sufrimiento o lesiones graves, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.

Aunque las órdenes se emiten como “secretas” para proteger a testigos y a las investigaciones en curso, la Sala autorizó divulgar públicamente su existencia, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes imputados.

Estas órdenes no son las primeras en el contexto de la invasión rusa; en marzo pasado se ordenaron arrestos contra dos militares rusos, el teniente general Sergey Kobylash y el almirante Viktor Sokolov. Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por la deportación de menores ucranianos, considerada un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.La Sala de Cuestiones Preliminares denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, lo que hace creer que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.

Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.

Estas dos órdenes de detención no son las primeras que emite la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania desde febrero de 2022.

El pasado marzo, se ordenó el arresto de dos militares rusos, el teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov.

Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.

La Haya (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este martes órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.

Por EFE

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, donde se responsabiliza a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia de crímenes de guerra por “dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles”, así como de un crimen de lesa humanidad por “actos inhumanos” definidos en Estatuto de Roma.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de haber cometido esos actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.

“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023”, señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.

Según los magistrados, durante el periodo analizado las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo “un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades” de Ucrania.

La Sala también ve “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.

Además, denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, lo que hace creer que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.

Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.

Estas dos órdenes de detención no son las primeras que emite la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania desde febrero de 2022.

El pasado marzo, se ordenó el arresto de dos militares rusos, el teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov.

Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.