La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, sigue siendo víctima de torturas y no se le ha permitido la designación de abogados de confianza, según denunció la organización Provea. San Miguel fue arrestada la madrugada del 9 de febrero en el aeropuerto Simón Bolívar junto a su hija, quien fue liberada posteriormente.
La activista venezolana está detenida en El Helicoide, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo y traición a la patria. Este viernes se cumplen seis meses de su detención, durante la cual se allanó su vivienda y se incautaron mapas y computadoras presentados por el fiscal general Tarek William Saab como pruebas de conspiración.
Provea exige su liberación inmediata y denuncia que San Miguel fue forzada a aceptar un defensor público, vulnerando el debido proceso. Las acusaciones contra ella incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
«La defensora de derechos humanos sigue en el centro de torturas… tampoco le permitieron su derecho a la defensa cuando fue presentada a tribunales con una defensa pública impuesta, vulnerando el debido proceso. Hasta la fecha, no se les ha permitido la designación de sus abogados de confianz», expresó la organización.
A San Miguel la arrestaron la madrugada del 9 de febrero cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar junto con su hija, a quien liberaron posteriormente.
Saab mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, también acusado de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».
La activista venezolana está en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo y traición a la patria.
Este viernes se cumplen seis meses de la detención de la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien apresaron agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cuando se disponía a salir de Venezuela, junto con su hija, desde el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira.
Días después de la detención, las autoridades allanaron su vivienda mientras la hija se encontraba en el lugar. Durante el allanamiento se llevaron mapas y computadoras, que luego el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa como «pruebas» de la relación con una presunta conspiración.
Ante ello, Provea exigió la liberación inmediata y sin restricciones de San Miguel.
Por El Nacional
Provea, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció en X que desde su detención San Miguel no ha podido nombrar a sus abogados de confianza.
Según esos extractos, la acusada debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.
A la presa política la presentaron ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y la forzaron a aceptar un defensor público. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
