La desaparición forzada temporal es común, con detenciones en prisiones “políticas” y presentaciones ante tribunales de terrorismo sin base legal. La imputación de delitos como instigación al odio es utilizada para encarcelar a quienes exigen derechos, sin acceso a información del delito o motivos de la detención. Se impide el ejercicio adecuado de la defensa y se vulnera el principio de afirmación de la libertad.
En 2024, año electoral, ha aumentado la cantidad de detenciones arbitrarias de líderes sindicales, políticos y defensores de derechos humanos. Los detenidos por motivos políticos no aparecen en registros oficiales, impidiendo la participación de defensa privada. Hay retardo procesal, imposibilidad de acceso a abogado de confianza y, a menudo, tratos crueles e inhumanos.
Organizaciones han expresado su preocupación por la ausencia de garantías en el sistema de justicia venezolano, que afecta el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Este patrón de violaciones, que se ha agravado en 2024, implica la imposición forzada de defensores públicos y la coacción para nombrarlos, dificultando la defensa adecuada.
La persecución política en Venezuela, criticada por Naciones Unidas, incluye detenciones sin orden judicial, ocurridas a altas horas de la noche o sin presencia de abogado de confianza. ONG han llamado a organismos internacionales a procesar la documentación sobre estos casos, especialmente a la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de lesa humanidad. El sistema de justicia debe garantizar el acceso a la justicia y la defensa sin coerción, apelando al principio de complementariedad y doble vía en la asistencia judicial..
Por El Nacional
También la desaparición forzada temporal en la mayoría de los casos; la retención del detenido en prisiones “políticas”; la presentación de la persona detenida ante tribunales con competencia en terrorismo sin base legal; la imputación de delitos como instigación al odio y asociación para delinquir previsto en la Locdoft, cuyo abuso crónico para encarcelar a quienes exigen derechos ha sido señalado por Relatorías de la ONU.
No se tiene acceso a la información del delito que se imputa ni los motivos de la detención. Se impide el ejercicio adecuado de medios para la defensa y el control de los elementos de convicción que pudiesen servir de pruebas. Destaca la vulneración del principio de afirmación de la libertad, ya que la detención es la regla de inicio.
Destacan que, en un año electoral como este 2024, la cantidad de detenciones arbitrarias de líderes sindicales, políticos, sociales e incluso defensores de derechos humanos es alarmante.
Los detenidos por motivos políticos no aparecen en los registros de la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes (URD) durante la semana. Ni en los listados que los sábados y domingos se colocan a las afueras del tribunal, impidiendo la entrada a la sede y por consiguiente la participación como defensa privada.
Del mismo modo, retardo procesal injustificado; la imposibilidad de acceso a abogado de confianza por parte del detenido y la consecuente imposición forzada de un defensor público; así como la incomunicación con sus familiares. Lo anterior deriva a menudo en tratos crueles, inhumanos y degradantes que perjudican al procesado.
Diversas organizaciones, fundaciones y comités expresaron su preocupación por la ausencia de garantías que ofrece el sistema de justicia venezolano. Pues consideran que afecta de manera flagrante el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 44 y 49, respectivamente. Así como en instrumentos internacionales suscritos y que son parte integrante del ordenamiento jurídico de la nación.
Este patrón de violación del derecho a la defensa de los detenidos por razones políticas, que se profundizó desde inicios de enero a propósito del llamado a elecciones y la promoción del voto, es un agravamiento del existente anteriormente; el cual consistía en precisar al detenido a nombrar defensa pública; ofreciendo así “ventajas” en el proceso penal, coacción que al ser superada, lograba el detenido nombrar a su abogado de confianza, aunque a este luego se le imponían trabas importantes para la defensa del mismo.
El sistema de justicia en Venezuela no ha mejorado y se mantiene el patrón de persecución política con la complicidad de este, tal como lo viene sosteniendo Naciones Unidas desde hace varios años.
En dichas detenciones destacan los siguientes patrones de violaciones de derechos humanos: la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, generalmente sin la debida orden judicial y en algunos casos sin identificación y con los rostros cubiertos.
«En virtud de lo anterior, se exhorta al sistema de justicia venezolano a cumplir con su mandato constitucional y a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales, en particular a los jueces de la República a garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa a través de un control judicial efectivo, que permita demostrar la verdad sin coerción alguna», expresaron.
Como mecanismo para impedir la designación de abogado de confianza, los cuerpos de seguridad evitan acudir a los tribunales para la realización de la audiencia de presentación del detenido en las horas de trabajo formalmente establecidas; y generalmente la realizan a altas horas de la noche. En otras oportunidades, son los jueces los que se trasladan a la sede policial y realizan los actos in situ. Esto sin presencia del abogado de confianza.
Por lo tanto, las ONG hicieron un llamado a los organismos internacionales a procesar toda la documentación enviada sobre estos casos; especialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que lleva a cabo una investigación por crímenes de lesa humanidad y cuenta con una oficina técnica en el terreno. El cual plantea asistir al sistema de justicia con base al principio de complementariedad y el planteamiento de doble vía expresado por el Fiscal Karim Khan.
Para evitar el nombramiento se imponen formalidades indebidas e ilegales. Sin abogado de confianza, el detenido queda a merced del defensor público impuesto, quien es funcionario de un Estado que viola sus derechos humanos; lo cual hace latente un conflicto de intereses para ejercer la defensa.
