Encuesta revela sorprendentes cifras sobre opinión de chavistas moderados y radicales. ¡Impactante hallazgo!

Una encuesta del CEPyG-UCAB y Delphos reveló que 60% de los chavistas moderados y 11,3% de los radicales consideran necesario un cambio de gobierno.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, bajo control chavista, anunció la reelección de Nicolás Maduro con más del 51% de los votos, generando sospechas de fraude tanto a nivel nacional como internacional. Nueve gobiernos latinoamericanos han solicitado a la OEA que revise las actas electorales.

Según el periodista Eugenio Martínez, la oposición no tuvo acceso completo a las actas debido a una orden del CNE al Plan República. La oposición denunció que solo tuvo acceso al 40% de las actas y que en muchos centros la transmisión de datos se detuvo sin explicación.

La oposición también se vio afectada por acciones de intimidación y arrestos de miembros clave. El resultado ha sido criticado por observadores internacionales y líderes de opinión que exigen transparencia y acceso a toda la información electoral. La situación ha dejado al país en un estado de incertidumbre y aumento de tensiones políticas.

Una encuesta publicada a mediados de julio por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) y la firma de sondeos Delphos arrojó que 60% de los chavistas moderados y 11,3% de los radicales consideró que debe haber un cambio de gobierno.

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“No se sabe si la oposición va a poder tener acceso a 60% de actas restantes. En este momento hay mucha incertidumbre, se está entrando en una dinámica distinta, y no sabemos cuánto está dispuesto a responder el órgano electoral por estas presiones. Lo que vimos ayer nos habla de un pucherazo, como le dicen en España, un robo, un fraude con todas las de la ley. No es el fraude sofisticado en las condiciones electorales que habíamos visto hasta ahora”, remarca Fernández.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció en la madrugada del lunes que el presidente Nicolás Maduro ganó la reelección con más de 51% de los votos, causando gran sorpresa y serias sospechas de fraude tanto dentro del país como en gran parte de la comunidad internacional, que exige una revisión completa de las actas electorales. Incluso nueve gobiernos de América Latina han pedido una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que emita una resolución “que salvaguarde la voluntad popular”.

Hasta antes de estas elecciones, la oposición consideraba al sistema automatizado de voto, vigente desde el 2004, como rápido, confiable y seguro. Alegaba que el fraude se daba antes y después de la votación.

Carmen Beatriz Fernández, CEO de DataestrategIA y profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, le dijo a El Comercio que hay sospechas de fraude muy claras “como nunca ha ocurrido”.

La oposición sabía que acudía en desventaja a las elecciones, algo que ha sido recurrente en casi todas las elecciones desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. El fraude, a decir de los opositores, se ha venido dando en las condiciones previas de cada jornada electoral.

El proceso funciona así: una vez que el ciudadano está ante la pantalla de votación, aparecen todos los candidatos y debe pulsar sobre la persona de su preferencia. Por cada voto, la máquina emite una papeleta donde el elector puede comprobar que coincide con el sufragio que emitió. Esa papeleta se deposita en una urna.

En marzo, la Fiscalía General detuvo a Emill Brandt Ulloa, coordinador de Vente Venezuela en Barinas, y a Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua. También se dictó órdenes de arresto contra otros siete miembros del partido de Machado.

¿Qué pasó? Hasta el 28 de julio, Edmundo González Urrutia, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), apoyado por María Corina Machado, era el favorito de las encuestas más serias, que le daban una ventaja de hasta 30 puntos por encima de Maduro. Pero más de seis horas después de cerradas las elecciones, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que el exdiplomático solo había conseguido 44,2% de votos.

Por El Nacional

También hubo actos de amedrentamiento fiscal a personas que prestaron apoyo logístico a la campaña de González Urrutia, como empresarios que alquilaron sus estrados u hoteleros que los alojaron.

También indica que con las actas que tiene la oposición puede ser posible demostrar una inconsistencia estadística, una vez que sean contrastadas con los resultados que dio el órgano electoral.

Al mediodía del lunes, sin atender los cuestionamientos, Amoroso proclamó de manera oficial a Maduro como ganador de las elecciones para un período de seis años más, que comenzarán en enero del 2025.

Eugenio Martínez, periodista venezolano y experto en el sistema electoral, le dijo a BBC Mundo que la oposición no tuvo acceso al total de actas “en buena medida por una orden que en teoría emitió el CNE al Plan República (el despliegue militar que ocurre durante las elecciones)”.

Cada máquina que registra los votos envía la información a los centros de totalización.

Una vez terminadas las elecciones, cada máquina imprime un acta de escrutinio con todos los votos que ha registrado. Esas actas deben ser entregadas también a los testigos acreditados por los partidos políticos. Para las elecciones del domingo, el bloque opositor aseguró que había cubierto todas las mesas con sus testigos. Cada uno de ellos tenía el derecho a reclamar un acta, la prueba clave para futuras auditorías.

“Desde mi punto de vista, con la información que tengo, sí debe haber ocurrido un fraude. Hay un estudioso que maneja una firma de opinión pública que hizo un estudio aleatorio de centros de votación donde históricamente ha ganado el chavismo, y ahí la proporción es la que señala la gente de la oposición: 70% para González y 30% a favor de Maduro. Hablé con un par de activistas de dos ciudades distintas que manejan parroquias muy grandes que son sectores populares, donde también se observó la misma tendencia. Los exit poll que se hicieron hablan de una proporción similar a la que está diciendo la oposición. Además, ayer circularon miles de fotos y videos de las actas donde se veía que en ninguna ganaba el chavismo, algo que no es concluyente pero que te da una idea de lo que pasó. Luego está el tema de que se paralizó sin explicación la transmisión de información. Y aunque no hay resultados detallados por centros y mesas de votación como debería ser, ya hoy fue proclamado Maduro como presidente. Este hecho simboliza esta estrategia de acelerar las cosas para posicionarse y ampararse en este fraude”, manifiesta Cañizález.

La analista recordó que en algún momento el domingo se detuvo la transmisión de datos. “No solo eso, en ciertos centros de votación las Fuerzas Armadas, que se supone son garantes del proceso, les pidieron a los testigos que se retiren. Y no se imprimieron todas las actas de totalización. Eso es lo que ha despertado tanta suspicacia por parte de propios y extraños, tanto a lo interno en Venezuela como entre la comunidad internacional y los observadores”.

Amoroso también denunció que una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó” el conteo de votos. Maduro lo secundó cuando celebró junto a sus seguidores en el palacio presidencial de Miraflores y habló de un “jaqueo” del sistema electoral automatizado.

¿Qué viene para Venezuela? Cañizález destaca lo que están planteando países como Brasil, Colombia, España, Chile y el Centro Carter: pedir que haya información oficial detallada, mesa por mesa, y que además la oposición tenga acceso a las actas. “No han publicado esa información, eso alimenta más las sospechas de fraude… Creo que hoy la posición de la opinión pública es a favor de haber participado en las elecciones aún con todo lo que estamos viviendo. Para muchos venezolanos esto que ocurrió forma parte de un proceso para desnudar y dejar en evidencia el carácter dictatorial y autoritario del gobierno de Nicolás Maduro”, finaliza.

Pero el domingo en la noche, antes de conocerse los resultados, la oposición denunció que solo tuvo acceso a 40 % de la actas. Además, alertó que se había detenido el proceso de transmisión de resultados.

Otra condición que enrareció el proceso tuvo que ver con las acciones de intimidación contra los opositores, que se vieron plasmadas en la detención de decenas de personas. En enero fueron arrestados los coordinadores regionales del partido político de Machado, Vente Venezuela, Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo).

Venezuela también anuló la invitación que hizo a los observadores electorales de la Unión Europea. Solo permitió la presencia del Centro Carter y del Panel de Expertos Electorales de la ONU para realizar labores de observación técnica, muy limitada. Incluso el Centro Carter tuvo que aclarar que “la misión no llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la votación, el recuento y la tabulación”.

De acuerdo con el diario venezolano El Nacional, desde el 2017 ExClé S.A., una empresa de origen portugués con sede en Argentina, es la proveedora de las máquinas de votación y servicios para las elecciones, unas 30.000, luego de que sustituyera a Smartmatic, después de que esta denunciara una “manipulación del dato de participación” en las elecciones para la Asamblea Constituyente de ese año.

“El sistema electoral venezolano se ha caracterizado por fraude en las condiciones, eso que asociamos muchas veces con la metáfora de la cancha inclinada. Es un juego desequilibrado que se desarrolla en un campo que tiene una pendiente y la pendiente siempre está en favor de uno de los equipos, en este caso del que está en el poder. Esa es la definición del sistema electoral venezolano. Y esa cancha se había ido inclinando cada vez más. Ahora, una vez que entraba un gol en la portería (el voto), de quien fuera, se contaba. No había dudas del hecho electoral como tal, no se dudaba de que cuando tú pulsabas una opción, esa opción se contaba dentro del total. Lo ocurrido anoche cambia eso. De ahí la gravedad”, sostiene Fernández.

¿Por qué a pesar de saber que el chavismo controla el órgano electoral y los demás poderes del Estado la oposición participó en estas elecciones? Fernández insiste en que esto no había pasado nunca.

En las elecciones del domingo estaba en juego la continuidad de 25 años de chavismo, con un Maduro gobernando Venezuela desde 2013. Entre aquel año y el 2021, el Producto Bruto Interno del país cayó en 75%. La crisis económica llevó a emigrar a unas siete millones de personas. Y si bien la economía empezó a recuperarse en los últimos dos años, las penurias de los venezolanos no han terminado, por lo que la corriente de cambio prevalecía en el electorado, incluso dentro del chavismo.

Cañizález enumera las irregularidades que ocurrieron el domingo: “A la oposición se le sacó de muchos centros de votación, se impidió que sus delegados políticos estuviesen en la sala de totalización del CNE, y solo se les ha permitido tener acceso a 40% de las actas, ya eso es una grave irregularidad que al menos dejaría con muchas dudas lo que ha ocurrido en Venezuela”.

Lo que corresponde ahora, sostiene Fernández, es que el CNE publique las cifras desglosadas para que demuestre lo que anunció Amoroso.

Martínez agregó que si no hay actas, el resultado que anunció el CNE no es auditable y no se tiene cómo comparar.

Además, solo 1% de los 5 millones de venezolanos con derecho al voto en el exterior fue habilitado para votar. Ello debido a las numerosas trabas impuestas por las autoridades venezolanas. La oposición atribuyó esa maniobra a una estrategia del régimen chavista para impedir que los migrantes tengan un peso decisivo en el resultado de las elecciones.

Machado aseguró en la madrugada del lunes que en 40% de las actas a las que han tenido acceso, González Urrutia obtuvo 70% de los votos, mientras que Maduro alcanzó 30%.

Ejemplos hay varios en la actual coyuntura electoral. Primero, María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de la oposición, fue vetada por la Contraloría para ser la candidata unitaria que enfrente a Maduro. Esa institución la inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. El castigo fue luego legitimado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ello pese a que sobre la líder opositora no pesa ninguna sentencia judicial.

“Hoy la narrativa oficial en Venezuela está apuntando a un jaqueo del sistema electoral. Si tal cosa hubiera ocurrido, entonces también habría que poner en duda que Maduro hubiese ganado. Es un resultado inverosímil”, dice.

Andrés Cañizález, escritor, periodista e investigador universitario, considera que estamos ante una situación donde puede presumirse fraude e irregularidades.

“En procesos anteriores, el oficialismo había sido muy exitoso asentando un dilema en la sociedad democrática: si tiene sentido votar en dictadura o no tiene sentido, con argumentos muy sólidos de parte y parte. Entonces, mucha parte de la campaña se iba en esa discusión. Como la sociedad resuelve ese dilema y se inclina por votar de manera masiva, unos actores que no son demócratas optan ahora por esto, que es la peor de las soluciones posibles. Creo que esto para la oposición es muy malo, pero también para el país y para el mismo oficialismo, porque se entra en una dinámica que puede ser mucho más caótica, que no necesariamente es favorable al régimen, porque ha dejado en evidencia un arbitraje tramposo”, enfatiza Fernández.