Personas con enfermedades mentales que cometieron delitos se encuentran recluidas en un mismo espacio con los presos comunes, lo que representa un riesgo para ambos grupos. La psiquiatra Carmen Vallenilla refirió que estas personas «se pueden volver altamente persuasibles por el hampa o ser víctimas de abuso»
Por Orianny Granado / talcualdigital.com
La madrugada del 13 de agosto cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados en un poblado del estado Lara. José Vicente Aguilar, de 22 años, mató a sus padres y a dos de sus hermanas, una de ellas estaba embarazada.
Aguilar aprovechó la madrugada cuando todos dormían y con un machete los atacó, decapitando y esparciendo los cuerpos por una zona boscosa lejos de la vivienda.
Luego de lo ocurrido vecinos del sector sometieron al joven y luego de propinarle una golpiza llamaron a los funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para contarles de lo ocurrido, y pedirles que enviaran una comisión.
Testigos afirman que el hombre era esquizofrénico, pero que su familia nunca había dado importancia a la enfermedad mental del joven.
De confirmarse ese diagnóstico de enfermedad mental, este sería otro caso en el que un paciente con alguna enfermedad mental comete un delito. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, en algunos países como Estados Unidos, Canadá o Suiza, tienen dentro de su sistema penitenciario un plan para atender separadamente a quienes tienen trastornos psiquiátricos.
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Desde hace al menos 20 años, las personas con enfermedades psiquiátricas que cometen algún delito en Venezuela terminan recluidos con presos comunes, sin aislamiento ni atención médica especializada o tratamiento que les permita mantener bajo control el mal que les aqueja.
Desde el 12 de febrero de 1999, Dorancel Vargas (1957) permanece detenido y aislado en una de las celdas de la sede del destacamento de la Policía del Táchira en la ciudad de Táriba. Bautizado «el Comegente» en los titulares de la prensa de la época por sus prácticas canibalescas, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y encontrado culpable de, al menos, 10 asesinatos en serie. Sin embargo, su condición mental lo hizo inimputable , pero por la ausencia de espacios para mantenerlo internado, se le condenó a pasar el resto de su vida en un Centro de Detención Preventiva (CDP).
Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, la situación de los detenidos con enfermedades mentales en el país es «complicada», pues estos no gozan de lugares adecuados para su condición.
Considera que la creación de espacios especiales para quienes han cometido delitos pero tienen alguna patología psiquiátrica, «no quiere decir que no tenga que responder por los delitos que cometen sino que tienen que tener un sitio de reclusión para ellos». Esto ante la necesidad urgente de que no convivan con presos comunes, por el riesgo que representa para ambos grupos.
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Explicó que en Venezuela hace mucho tiempo no existe ningún sitio con estas condiciones, y es que en los años 60, cuando se fundó la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en el estado Guárico, había un espacio del centro acondicionado para personas con enfermedades mentales, pero al poco tiempo de su creación este espacio cerró.
A juicio de Nieto Palma, tanto en los CDP como en las cárceles del país, pueden ser muchos los presos con enfermedades mentales, porque al ingresar a cualquiera de estos espacios a los imputados no se les practican pruebas psiquiátricas.
Pacientes psiquiátricos sin hospitales idóneos
La psiquiatra Carmen Vallenilla explicó que, si bien es cierto que depende de la enfermedad mental que padezca, algunas personas sí son imputables; sin embargo, refirió que si en Venezuela existiera un sistema jurídico que funcionara de manera adecuada se le practicarían a los detenidos exámenes que determinen cómo está su salud mental.
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Señaló que en casos como los de los sociópatas sí son imputables, porque a pesar de su patología sí saben lo que están haciendo, pero muy por el contrario de lo que se aplica, estas personas no deberían estar internadas con presos comunes.
A juicio de la especialista, deberían existir cárceles con espacios especializados para brindar la atención psiquiátrica que necesitan y los fármacos para su patología.
Vallenilla resaltó que en el país no existen espacios destinados para albergar a este tipo de personas, que sin la medicación adecuada representan un peligro para el resto de la población reclusa.
«En este país no existen hospitales para ese tipo de pacientes, ni porque mató a alguien ni porque tenga características sociopáticas», detalló.
Además, cuestionó que si bien es un peligro para el resto de internos estar junto a una persona con enfermedad mental, para los pacientes también representa un riesgo, y es que este tipo de personas «se pueden volver altamente persuasibles por el hampa o ser víctimas de abuso».
La psiquiatra dejó claro que si bien hoy en el país no hay escasez de fármacos para los pacientes con enfermedades psiquiátricas, no existen los tratamientos intravenosos «que pudiesen hacer un efecto mucho más rápido que vía oral».
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Venezuela acumula 110 mil presos
El abogado y coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, cifró en alrededor de 110 mil personas las que están privadas de libertad en Venezuela.
65 mil de estas personas están en los centros de detención preventiva y 45 mil en las cárceles del país, es decir, hay más detenidos en los calabozos policiales que en los espacios destinados para esto. El 8% de la población reclusa son mujeres y el 92% son hombres.
Todas estas cifras han sido levantadas de manera independiente por organizaciones como UVL, quienes han decidido hacer este registro ante la falta de información oficial.
En Venezuela existen 500 centros de detención preventiva, llámese así a todo espacios dónde funcionan sedes de: las policías municipales, estadales, Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cicpc o de la Guardia Nacional.
«Todos estos espacios están siendo usados como pequeñas cárceles a lo largo de todo el país, convirtiéndose en el problema más grande que tiene el país», según afirmó el abogado Carlos Nieto Palma.
