Los trabajadores más asediados son los de CVG Alcasa, según el dirigente sindical Luis Medina. Afirmó que les ofrecen de 100 a 150 dólares para asistir a marchas, pero no les proporcionan nada al final y son amenazados con perder sus empleos si denuncian.
Durante la campaña, Nicolás Maduro ha usado un discurso de miedo sobre la privatización de servicios en caso de cambio de gobierno. A pesar de que muchos obreros no apoyan sus políticas, asisten para conservar sus trabajos y votarían por Edmundo González.
Trabajadores de CVG deben presentar evidencia de asistencia a marchas para recibir pagos, lo que constituyen delitos electorales. En la convocatoria del 25 de julio, varios empleados, obligados por sus superiores, fueron transportados a eventos políticos en vehículos estatales.
Las muertes de empleados, como el caso de una trabajadora obligada a marchar con problemas respiratorios, no son reportadas oficialmente. Supervisores utilizan métodos coercitivos, ofreciendo pagos de hasta 150 dólares o vacaciones, y emplean represalias contra quienes se niegan.
Dirigentes sindicales como Isnaldo Rodríguez y César Marcano denuncian el acoso y las represalias, como ser etiquetados como “no requeridos”. Rodríguez destaca la entrega de 25 dólares y alcohol a manifestantes, resaltando la coacción y amenazas de despido.
Los testimonios reflejan un entorno de intimidación y coerción. Los trabajadores son forzados a demostrar su lealtad y apoyar la campaña de Maduro bajo amenazas y pagos insuficientes, arriesgando su estabilidad laboral.
“Los trabajadores más asediados y acosados son los de CVG Alcasa. A los trabajadores se los llevan engañados, muchos lo hacen por necesidad. Ofrecen de 100 a 150 dólares para asistir a las marchas y no les dan nada. Después que llegan, se burlan de ellos, no les dan nada. Los amenazan de que, si hacen la denuncia, están fuera de la empresa. Somos asediados y no hay autoridad que haga cumplir el marco legal de este país”, relató Luis Medina, dirigente sindical de CVG Alcasa.
Hasta el momento, durante la campaña el discurso de Nicolás Maduro ha apuntado hacia el miedo, advirtiendo de una posible privatización de los servicios educativos y de salud en caso de que haya un cambio de gobierno. Asimismo, el candidato que busca su segunda reelección afirma que las otras alternativas en contienda suspenderán los “beneficios” que los trabajadores han alcanzado durante su gestión.
Los declarantes afirmaron que la mayoría de los obreros no apoyan las políticas de Nicolás Maduro; pero asisten para conservar sus puestos de trabajo. Sin embargo, tendrían la intención de votar a favor de Edmundo González.
Un trabajador activo refirió que muchos cumplían con trasladarse a Caracas, pero luego se retiraban de la marcha; es por ello que ahora se debe entregar evidencia y los pagos se realizan luego de que culminan las actividades.
Durante los procesos electorales del referéndum consultivo por el Esequibo y el simulacro electoral de las presidenciales 2024, Correo del Caroní constató que cada gerencia hace listas de asistencia y obliga a las personas bajo su cargo a asistir en respaldo del candidato Nicolás Maduro. La situación incurre en delitos electorales como el abuso de poder y el peculado de uso.
Para la convocatoria del próximo jueves 25 de julio, este medio visibilizó una lista compartida por trabajadores de las empresas básicas, donde se aprecia la cantidad de personas que deben asistir por empresa haciendo uso de los transportes de las estatales para trasladar personal a los eventos políticos.
Con todos los gastos pagos y haciendo uso de su poder, supervisores y gerentes de las plantas obligan al personal a acudir a las convocatorias ofreciendo pagos, los cuales se cancelan estando en el sitio de la manifestación. Asimismo, el trabajador debe recabar y posteriormente presentar evidencias de su asistencia, como fotografías y videos.
Marcano hizo referencia al fallecimiento de una trabajadora, noticia que fue reseñada en redes sociales, pero no en medios de comunicación, quien presuntamente se encontraba marchando en una concentración oficialista y murió consecuencia de un problema respiratorio.
El dirigente sindical de Briquetera de Venezuela, Isnaldo Rodríguez, alegó que en la briquetera se ofrecieron 25 dólares por participar de marchas organizadas por la tolda roja; además, señaló que la compañía usa métodos coercitivos para forzar al trabajador a incorporarse a la campaña de Maduro.
Esta teoría fue la misma que planteó el dirigente político Andrés Caleca en entrevista televisiva. El excandidato a las primarias pidió al gobierno movilizar a todos los votantes posibles a través del 1×10, alegando que todos los movilizados votarán por la tarjeta de la unidad.
“Donde yo trabajo, el régimen amedrenta a los trabajadores. Le mandan un formato a los supervisores para que llenen el 1×10 de trabajadores. Tienen que buscar la manera de que el trabajador se incluya en el 1×10. Para estimularlo y obligarlo a ir a la marcha, le depositan 20 dólares y le dan dos días de permiso o vacaciones. Hay malversación de fondos. ¿De dónde sale ese dinero? Si el trabajador se rehúsa, corre el riesgo de ser enviado a su casa como no requerido. Estatus que no aparece en ninguna parte de la ley. Es una arbitrariedad del régimen. Es decir, como no me acompañas, pasas a segundo plano”, denunció Alejandro Álvarez, dirigente sindical de Planta Casima.
“Hicieron efectivos 25 dólares a los trabajadores y una pimpina de alcohol. Todo esto bajo coacción. Ellos, efectivamente, pasan un listado y el trabajador que se niegue le aplican una medida represiva. El gerente le notifica que está fuera de la empresa y que pasa como no requerido. Pueden ofrecer 500 o mil dólares, pero nada tendrá más valor que la dignidad del trabajador. Eso es un bozal de arepa”, enfatizó Rodríguez.
“Los compañeros que estaban en esta concentración sabían que ella tenía una patología, y Alfredo Spooner dijo alegremente que la compañera estaba brincando y saltando. La obligaron a pesar de su patología de asma crónica a sabiendas que estaba desactivada y ustedes la ingresaron. Le dijeron que si no asistía la volvían a poner en desactivación o como personal no requerido. Dijeron que tenían solidaridad con la familia y al otro día estaban bailando calipso. Es una falta de respeto. Hay amedrentamiento, persecución, acoso. Pero muchos me han llamado y me dicen que este 28 de julio saldrán a votar por un cambio”, manifestó Marcano.
“Un gobierno que se hace llamar obrerista y manda a sus súbditos. Ahorita el tema con los presidentes de las empresas es decir que lo harán mejor que el anterior, pareciera que ninguno era del PSUV, cuando todos eran mandados por Nicolás Maduro Moros. Uno puede hablar de acoso, amedrentamiento, medidas cautelares, trabajadores presos… Pero da dolor es hablar de trabajadores muertos, accidentados y le llegan a la familia y le dicen que no denuncie y no le reconocen nada. ¿200 dólares es lo que vale la vida un trabajador para el régimen? Allí en esas plantas nosotros íbamos a trabajar y nos ponían un alcoholímetro para que nadie entrara con una gota de alcohol. Ahora los presidentes de empresas le dan guarapita al trabajador para llevarlo a una marcha. En esa situación, nosotros queremos felicitar a los trabajadores de Guayana porque se bajan de los autobuses. De 500 se quedan 50 nada más”, vociferó César Marcano, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
De 20 a 150 dólares puede recibir en chantaje los trabajadores de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por asistir a marchas oficialistas. Según testimonios de empleados que piden reservar su identidad, la orden es demostrar apoyo irrestricto a la campaña de Nicolás Maduro e incorporarse a las listas del 1×10 llevadas por los gerentes de planta. Quienes se niegan corren el riesgo de ser enviados a casa como “no requeridos”.
Por El Nacional
“El trabajador está sufriendo la persecución. En Ferrominera, los jefes y supervisores le dicen al trabajador que, si no acuden, se atengan a las consecuencias. Muchos se ven en la obligación de asistir a manifestaciones. No hace mucho, fueron a Caracas y les ofrecieron 200 dólares, al parecer, este pago no se ha hecho efectivo”, relató César Marcano, dirigente sindical de CVG Ferrominera Orinoco.
