Varios Gobiernos de América, como Colombia y Brasil, y de Europa, así como diversas organizaciones internacionales, han rechazado la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, líder de la mayor coalición opositora de Venezuela. Brasil y Colombia expresaron su “profunda preocupación” afirmando que esta medida afecta los compromisos del Gobierno venezolano asumidos en los Acuerdos de Barbados.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, condenó la orden como una acción arbitraria y políticamente motivada. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay señalaron que la detención es otro intento de silenciar a González Urrutia y denunciaron persecución política.
El Gobierno de Chile también rechazó la orden y llamó a respetar los principios democráticos y los derechos humanos. Jorge Arreaza, por parte del Gobierno español, y Luis Almagro, secretario de la OEA, también condenaron la medida. La Unión Europea y el Gobierno italiano hicieron demandas similares.
El equipo de campaña de González Urrutia calificó la medida de “ilegal, inconstitucional e inmoral”. La Justicia venezolana lo acusa de varios delitos relacionados con supuestas irregularidades electorales.
Redacción América (EFE).- Varios Gobiernos de América, como Colombia y Brasil, y de Europa, así como diversas organizaciones internacionales, rechazaron la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia y pidieron a las autoridades garantizar y proteger los derechos del abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela.
Por EFE
Brasil y Colombia expresaron su “profunda preocupación” por la orden de detención en contra de González Urrutia y señalaron que esa “medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia”.
En el comunicado conjunto, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han intentado mediar en la crisis poselectoral venezolana, consideraron que esa decisión “dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas”.
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El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, aseguró que la orden emitida es “una acción arbitraria y motivada políticamente que demuestra lo extraordinariamente lejos que (el presidente) Nicolás Maduro está dispuesto a ir para intentar mantener el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron que esa medida es “otro intento de silenciar” a González Urrutia y agregaron que “desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”.
“Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, señalaron.
El Ejecutivo peruano afirmó que “este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental”.
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El Gobierno de Chile rechazó la orden de detención tras condenar “cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela” e hizo “un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas”.
Argentina, por su parte, denunció que “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”.
Mientras tanto, el Gobierno de Ecuador consideró que “los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso”.
El Gobierno de Paraguay expresó su “más firme condena” a “estas acciones arbitrarias de amedrentamiento” contra González Urrutia y “los miembros de la oposición venezolana” y exigió “garantías sobre su integridad física y el cese de las persecuciones políticas”.
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El Gobierno español condenó “cualquier intento de cercenar” los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al referirse a la orden de detención contra el dirigente opositor.
Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recalcó que la persecución política “constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país”.
El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó “categóricamente” la orden de detención contra el abanderado de la oposición mayoritaria y exhortó “a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”.
El Gobierno de Italia también condenó “enérgicamente” la orden de captura contra el opositor, convocó a la jefa de misión de la Embajada de Venezuela en Roma para expresar su preocupación por la crisis e instó de nuevo a las autoridades venezolanas a hacer públicas las actas electorales con el fin de proceder a “su inmediata verificación independiente”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, “sigue muy de cerca” la situación en Venezuela, “incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
El equipo de campaña de González Urrutia tildó la medida de “ilegal, inconstitucional e inmoral”, y aseguró que se trata, “en realidad, de un intento de apresar a más de ocho millones de venezolanos que votaron por él, sin contar a los más de cuatro millones de venezolanos en el exterior a quienes se les impidió ejercer su derecho al sufragio” en los comicios del 28 de julio.
La Justicia venezolana acusa a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para demostrar lo que consideran “fraude” electoral, pues afirman que González Urrutia ganó los comicios por amplio margen sobre el actual presidente del país, Nicolás Maduro.
