En septiembre de 2017, Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic, estimó que había una diferencia de al menos un millón de electores en los resultados anunciados por el gobierno de Maduro. El cambio de proveedor causó molestias en Albet Ingeniería y Sistemas, contratada desde 2011 para trabajar con el Estado.
El gobierno de Trump sancionó en 2020 a la empresa ExClé S.A., de origen portugués y establecida en Buenos Aires, por apoyar a Maduro en las elecciones legislativas de diciembre. Guillermo Palacios de UNT presentó en 2021 un informe preliminar sobre las irregularidades cometidas por ExClé S.A., que maneja el sistema biométrico en Venezuela y ha verificado más de 19 millones de electores.
ExClé también trabaja desde 2013 con tecnología biométrica en el Banco de Venezuela. Mugica declaró en una conferencia en Londres que solo una auditoría podría determinar el número exacto de participación electoral. La OFAC incluyó a ExClé por proporcionar bienes y servicios al régimen de Maduro. La empresa diversificó su negocio en Caracas desde 2004.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela indicó que ExClé ha ayudado en procesos electorales fraudulentos. En 2022, ExClé asumió el manejo del sistema del SAIME después de problemas con el proveedor anterior.. Durante la presentación del informe, el diputado Palacios explicó que esta empresa argentina es la misma que creó la plataforma del carnet de la patria, las bases de datos de bancos del sector público y otras plataformas de programas sociales, lo que representa un conflicto de intereses en su actuación. Tras esto, dejó de trabajar con el gobierno venezolano.
En septiembre de ese año, el director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, afirmó que la empresa estimaba «la diferencia entre la cantidad anunciada» por el gobierno de Maduro y «la que arroja el sistema, la cual es de al menos un millón de electores».
“Lo cual significa que en las elecciones realizadas en los años anteriores a esta fecha del 2017 tuvimos duplicidad de electores que permitieron realizar manipulaciones, hecho este, que no ha tenido una explicación ante el país”, dijo Palacios.
Los informantes, según el medio digital, dijeron que el cambio de proveedor causó molestia en la cubana Albet Ingeniería y Sistemas, que tenía concesión para trabajar con el Estado desde que Hugo Chávez la contrató en 2011. Pero esa empresa, señalaron, solo actuaba como intermediaria porque subcontrataba a otras firmas tecnológicas para funcionar en Venezuela.
El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump impuso en el 2020 sanciones a esta empresa tecnológica por ayudar a Maduro a llevar a cabo las elecciones legislativas el el 6 de diciembre.
“Se ha constatado que estas operaciones han producido un daño institucional en el país al permitir, que, por la vía electoral, se instaure un régimen dictatorial en donde se han realizado simulacros de elecciones para designar organismos en forma irregular, como la Asamblea Nacional Constituyente o la farsa electoral del 20 de mayo de 2018 y los subsiguientes eventos que han proporcionado una concentración total de poderes, incluyendo el CNE”, precisó.
Aunque ExClé S.A. es una empresa de origen portugués, tienen sus asiento desde 1998 en Buenos Aires, Argentina, y ofrece el servicio de manejo del sistema biométrico en 4 países de América Latina.
En un comunicado, la OFAC explicó que se decidió incluir a la empresa argentina por apoyar materialmente a Nicolás Maduro, «incluso proporcionando bienes y servicios que el régimen de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020».
Guillermo Palacios de UNT, coordinador de la Comisión Especial designada por la Comisión Permanente de Contraloría, para investigar irregularidades cometidas por la empresa ExClé S. A. en el país, presentó el informe preliminar en 2021 sobre los hechos irregulares cometidos por funcionarios públicos, que contrataron empresas y adquirieron máquinas con fines electorales sin cumplir con los requisitos legales.
“ExClé S. A. ha venido trabajando fundamentalmente en la verificación y consolidación de la data de electores a través de la técnica de la biometría por la identificación de las huellas, lo cual realizó hasta el año 20018 verificando más de 19 millones de electores que concurrieron a la farsa electoral que realizó el régimen el 20 de mayo de ese año”, aseguró el legislador.
Por El Nacional
Desde 2013 asesora en tecnología biométrica al Banco de Venezuela, por lo cual, aseguran, se han evitado casos de fraude relativos a la identidad de las personas.
En una conferencia de prensa convocada en Londres, Mugica aclaró que por el momento no podían precisar el número exacto.
«Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación», aseguró Mugica, quien sin embargo no quiso comentar sobre el impacto de esa supuesta discrepancia para la validez de la elección.
El servicio, Plataforma Integrada de Autenticación de Ciudadanos, consta de una base de datos con soporte para los 10 dedos y el rostro de los venezolanos. Su poder de búsqueda es superior a 100 millones de comparaciones por segundo.
Además, reiteró que Estados Unidos «sigue comprometido con atacar al régimen de Maduro y a quienes apoyan su objetivo de negar al pueblo venezolano su derecho a elecciones libres y justas».
En 2004 abrió su oficina en Caracas y diversificó su negocio al ser contratada por compañías y entidades gubernamentales, reseñan en su página oficial www.ex-cle.com.
La contratación de Exclé también habría causado escozor en algunos funcionarios que, presuntamente, tendrían un “negocio redondo” en la institución. Las fuentes afirmaron que cobraban altas sumas de dinero para la emisión de pasaportes y prórrogas. También por acelerar los procesos en la entrega de documentos.
La designación de Ex-Clé incluyó a su directivo y fundador Guillermo Carlos San Agustín, y al venezolano Marcos Javier Machado Requena, quien actúa en representación de dicha empresa en el país.
Entre 2011 y 2012 se encargó de uno de los proyectos más importantes en materia de biometría para Venezuela: la validación de la identidad de los 19 millones de electores habilitados para la elección presidencial del 7 de octubre de 2012, la última de Hugo Chávez.
La Comisión Especial de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015, elaboró un informe en el que señaló a la empresa argentina de coadyuvar, desde 2004, procesos electorales fraudulentos en Venezuela, a través de la técnica Biométrica.
«Los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro por robar las elecciones en Venezuela muestran su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
En 2009, desarrolló e implementó el sistema de recaudación de impuestos de la Alcaldía Libertador.
En 2022, Exclé asumió el manejo del sistema informático del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería -Saime- luego de que ocurrieran situaciones irregulares con la compañía que anteriormente le prestaba el servicio. Así lo informaron fuentes del organismo al semanario Exclusivas Económicas, de Hispano Post.
Revelaron asimismo que en la instalación del nuevo servicio hubo un sabotaje interno para que no funcionara. Por esa razón, afirmaron, el proceso de adecuación, que debía estar listo en 72 horas, terminó en un mes. En ese tiempo, la página del Saime estuvo caída y no fue sino semanas después que las autoridades informaron la situación a los usuarios.
Indicó que se pudo constatar además, que en el año 2017 el Registro Electoral permanente del CNE, sufrió alteraciones con la duplicidad de electores que en ese momento ascendió a más de 35 millones de votantes.
ExClé S.A., una empresa de origen portugués, ha sido el proveedor de la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2017, luego de que sustituyera a Smartmatic, después de que esta última se deslindara del Poder Electoral al declarar que los resultados de la elección de la constituyente presidencial no se correspondían con la data que manejaban.
Durante la presentación del informe el diputado Palacios, explicó que esta empresa Argentina, es la misma que creó la plataforma del carnet de la patria y las datas de los bancos del sector público y otras plataformas de programas sociales, por lo cual existe un conflicto de intereses en su actuación.
Tras eso, dejaron de trabajar con el gobierno venezolano.
