La Asamblea Nacional de Venezuela exige a España abolir la monarquía.

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control chavista, aprobó un acuerdo exhortando al Gobierno de España a abolir la monarquía, calificándola de corrupta y vinculada a la ultraderecha. Esto se da en respuesta a que el Congreso español reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo en Venezuela, frente a Nicolás Maduro.

El presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, calificó la monarquía de “institución ridícula” y sugirió otros acuerdos políticos, como la independencia de Cataluña y el País Vasco. Además, se aprobó un acuerdo instando a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España.

El documento también rechaza la resolución del Congreso español y defiende la reelección de Nicolás Maduro. Rodríguez había propuesto anteriormente la ruptura de relaciones y cese de actividades comerciales con empresas españolas, calificando las acciones de España como un atropello.

Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó un acuerdo político en el que exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una “expresión de la ultraderecha”.

Por EFE

En medio de una acalorada intervención, el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, planteó la idea, en respuesta a la decisión del Congreso español, que reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro.

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Se trata de “proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha”, dijo Rodríguez, que declaró aprobado el punto ante la visible mayoría de manos levantadas en el pleno.

A su juicio, la Corona es “una institución ridícula, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre”.

“Es una vergüenza que en el año 2024, bien entrado en el siglo XXI, todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren que unas personas están destinadas, por sangre, a meterle mano al erario publico de un país. Es una salvajada, es una expresión bárbara”, prosiguió.

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Rodríguez habló sobre la posibilidad de que el Parlamento vote otros acuerdos políticos para declarar la independencia de Cataluña y del País Vasco, como represalia por el apoyo que los diputados españoles expresaron a González Urrutia.

González Urrutia, también reconocido como presidente electo de Venezuela por el Parlamento Europeo, ha solicitado asilo en España, luego de salir de su país, donde la Justicia había librado una orden de captura en su contra.

A su vez, el Legislativo venezolano aprobó también un acuerdo que insta al Gobierno de Nicolás Maduro a romper las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en Madrid- como ganador de las presidenciales del 28 de julio.

El acuerdo pide al Gobierno evaluar, “en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones” con el Reino de España, así como una “acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados” del país europeo contra “la institucionalidad venezolana”.

Además, el documento aprobado rechaza “categóricamente” la “nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso” español, al que exhorta a respetar “la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente a (…) Nicolás Maduro como presidente reelecto”.

Este acuerdo se aprueba casi un mes después de que, el pasado 11 de septiembre Rodríguez, en su calidad de jefe del Legislativo, solicitara a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que pida “al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones” con el país europeo.

Entonces, el diputado pidió que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso.