La persecución de las mujeres en Venezuela está aumentando, según informes de la Misión de la ONU

Por Infobae

En los primeros días de octubre los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidirán en Ginebra si renuevan el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada en el 2019. Mucho se ha discutido durante los últimos meses sobre la importancia de la renovación del mandato y el impacto que la Misión ha tenido en el trabajo de las organizaciones en el terreno, en los grupos de víctimas y en general para la situación del país.

Los impactos positivos del trabajo de la Misión son numerosos y diversos. Sus informes han sido para las victimas la primera investigación imparcial e independiente de los hechos que sufrieron ellos y sus familiares. Su trabajo es también importante para otros mecanismos internacionales activos sobre la situación en Venezuela como la Oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la investigación de la Corte Penal Internacional. Además, no menos importante es que la continuación de su mandato por los próximos dos años tiene un efecto preventivo de actos de violencia que resulta imprescindible de cara a las próximas elecciones del 2024. Sin embargo, algo que no se ha dicho lo suficiente es que los informes de la Misión visibilizaron las distintas formas en que las mujeres venezolanas han sufrido la violencia y persecución que se ha vivido en el país al menos desde el 2014.

En efecto, los informes han permitido conocer cómo ha sido la afectación diferenciada que las violaciones sistemáticas de derechos humanos han tenido en las mujeres. Aunque suene sencillo, esto no es poca cosa. Debido a que los patrones de persecución en Venezuela han tenido una naturaleza fuertemente política, la violencia particular y muchas veces interseccional que han sufrido las mujeres ha quedado lamentablemente invisibilizada.

Posiblemente a causa de esta invisibilización, la violencia de género no se encontraba contemplada en el primer mandato de la Misión. Sin embargo, los expertos informaron en su primer informe que “la misión dedicó atención específica durante toda su investigación a las cuestiones de género y a las consecuencias en este ámbito que tenían las vulneraciones y utilizó metodologías e instrumentos que tenían en cuenta el género para reunir, organizar y analizar la información”. Esto hizo una gran diferencia, gracias a la incorporación de esta perspectiva de género las conclusiones de la Misión evidenciaron numerosos casos de violencia sexual y de género, lo cual llevó a que los miembros del Consejo de Derechos Humanos incluyeran expresamente estos crímenes en la nueva resolución que renovó el mandato en el 2020.

Afectación diferenciada, estereotipos y roles de género en la sociedad venezolana

Hasta la fecha, la Misión ha publicado tres informes. En su primer informe de 2020, determinó que las violaciones y crímenes examinados afectaron a mujeres y niñas, y a hombres y niños de manera diferente debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos dentro de la sociedad venezolana. La Misión plasmó por escrito algo que es ampliamente conocido: que los roles patriarcales y los estereotipos enfatizan a la mujer ideal como figura materna dentro de la esfera doméstica y sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol.

Es precisamente la existencia de roles estereotipados basados en construcciones de género los que han provocado que las mujeres venezolanas hayan sufrido los diversos patrones de persecución y la violación sistemática de derechos humanos de una forma diferenciada.

Patrones y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra mujeres documentados por la Misión

El primer patrón que se puede observar en los informes de la Misión es el de actos de violencia cometidos contra las mujeres familiares de detenidos por motivos políticos. De acuerdo a la investigación de la Misión, familiares mujeres de detenidos fueron amenazadas con violencia sexual u otros tipos de violencia contra las mujeres, incluida la violación, sometidas a registros corporales indebidos e insultadas por ser esposas o madres de “criminales”. La documentación realizada muestra que los ataques en contra de familiares femeninas también se materializaron durante operativos de seguridad.

La selección de las mujeres como objeto de persecución en contextos de violencia no es una coincidencia sino que se basa en el papel que las autoridades esperan que tengan como madres, esposas y hermanas y adquiere un carácter particular. En estos contextos, el ataque en contra de mujeres familiares es utilizado para crear un ambiente de intimidación y coerción contra quienes son considerados como disidentes.

Los tres informes de la Misión también sirvieron para conocer la historia de las mujeres arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos. Lo que permiten entender los casos reseñados por los expertos es que, si bien es cierto que la mayoría de los actos persecutorios en el país se basaron en motivos políticos, una vez que las víctimas eran privadas de su libertad, el impacto habría sido distinto en el caso de las mujeres. Esto dado que, además de sufrir las mismas condiciones precarias de detención que enfrentan los hombres, las mujeres enfrentan otros tipos de violencia de género. Esta violencia incluye amenazas de violación, desnudez forzada, agresión sexual y falta de acceso a productos de higiene menstrual ni métodos anticonceptivos lo cual las ponía en una situación de especial vulnerabilidad. En su último informe de 2022, la Misión afirmó que al menos una detenida habría sufrido un aborto tras ser sometida a actos de tortura.

Precisamente en este tercer informe publicado recientemente, referente a la situación en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas donde se realiza actividad minera, la Misión documentó la existencia de roles y estereotipos de género en las dinámicas económicas y sociales en el contexto de las actividades mineras en esta zona, así como la violencia sexual y de género perpetrada contra mujeres y niñas.

La Misión describió la existencia de locales conocidos como currutelas en casi todas las minas del estado Bolívar donde se pueden comprar servicios sexuales.. La Misión afirmó también que en esta zona las mujeres y las niñas son a veces coaccionadas a mantener relaciones sexuales, mediante abuso de poder, amenazas de violencia y, también, ofertas de empleo falsas, así como restricciones a su libertad de movimiento, lo que constituyen indicios de trata de personas y de esclavitud sexual.

La violencia contra mujeres y niñas en el Arco Minero incluye también la imposición de castigos por incumplir las reglas de los actores armados que operan en la zona, incluyendo la violación u otras formas de violencia sexual, el rapado del cabello contra su voluntad o la desfiguración de la cara o cuero cabelludo. Algunas de estas víctima serían niñas entre 11 y 17 años.

Aun falta mucho por investigar: la renovación del mandato de la Misión

La investigación realizada por la Misión durante los últimos tres años ha permitido evidenciar como, si bien es cierto que los patrones de persecución realizado por autoridades venezolanas se encuentran basado en mayor medida en la discriminación política, estos han tenido un impacto diferenciado en mujeres víctimas. Asimismo, en zonas como el Arco Minero del Orinoco la violencia generalizada y la falta de control estatal han colocado a mujeres y niñas es un estado de vulnerabilidad agravado ante la violencia sexual y de género. Queda aun mucho mas por saber sobre cómo las mujeres han sufrido las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.

Los actos de persecución en contra de mujeres no es algo del pasado, sino que siguen cometiéndose en la actualidad. En el último año, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) documentó 73 casos contra periodistas, mujeres vinculadas con la política, activistas sociales, familiares de víctimas y defensoras de derechos humanos . La renovación del mandato de la Misión en las próximas semanas permitirá a los expertos ahondar en este tema y sentar las bases para un futuro proceso de justicia y reparación a las mujeres venezolanas.

*Sara Fernández es coordinadora de incidencia de la ONG venezolana CEPAZ.