Los fondos de “combate a la inflación” aprobados en el Senado de EEUU están destinados a ayudar a los estadounidenses a lidiar con

Mucho menos robusto que la propuesta que el presidente Joe Biden vislumbró alguna vez para la reconstrucción de la infraestructura pública y los sistemas de apoyo familiar de Estados Unidos, el acuerdo demócrata en materia de salud, cambio climático y estrategias para la reducción del déficit sigue siendo una iniciativa sustancial.

Por Infobae

El paquete por cerca de 740.000 millones de dólares aprobado el domingo en el Senado y que ahora pasará a la Cámara de Representantes está repleto de prioridades para el partido. Entre ellas se incluye establecer un límite de 2.000 dólares en los gastos de los adultos mayores para medicamentos que requieren receta, ayudar a los estadounidenses a pagar seguros médicos privados y lo que los demócratas dicen es la inversión más significativa de la historia para combatir el cambio climático: unos 375.000 millones de dólares durante la próxima década.

Casi la mitad del dinero recaudado, unos 300.000 millones de dólares, se destinará al pago de déficits federales.

Todo esto se cubrirá, en buena medida, con nuevos impuestos a las grandes empresas, incluyendo un gravamen mínimo del 15% a las compañías de altas rentas para asegurar que no evadan en su totalidad el pago de impuestos, y también por medio de ahorros federales que se prevé obtener a partir de una reducción en las medicinas del sistema Medicare para adultos mayores.

Se desconoce de momento si la iniciativa de 755 páginas llamada “Ley de Reducción de la Inflación de 2022″ hará disminuir de manera significativa las presiones inflacionarias, aunque se tiene previsto que represente algo de ayuda en costos de salud y otro tipo para millones de estadounidenses.

La votación se llevó a cabo de acuerdo con las líneas partidistas en un Senado dividido exactamente por la mitad, con el apoyo de todos los demócratas, la oposición de todos los republicanos y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La votación en la Cámara de Representantes está prevista para el viernes.

A continuación, un vistazo a lo que contiene el paquete final:

MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN RECETA A PRECIOS MÁS BAJOS

En lo que significa el cumplimiento de un objetivo añejo, la medida le permitiría al programa Medicare negociar los precios de los medicamentos que requieren receta con las compañías farmacéuticas, ahorrándole al gobierno federal unos 288.000 millones de dólares en la ventana presupuestaria de 10 años.

Esos ingresos se invertirían nuevamente con el objetivo de reducir los gastos de medicamentos para los ancianos, incluyendo un límite de 2.000 dólares en gastos personales para los adultos mayores que adquieran sus medicinas que requieren receta directamente en la farmacia.

El dinero también se usaría para brindar vacunas gratuitas a los adultos mayores, que actualmente se encuentran entre los pocos que no tienen garantizado el acceso gratuito, según un resumen del documento.

Se impondrá también un límite de 35 dólares por dosis de insulina para los adultos mayores. Una cláusula para extender ese límite a la insulina a todos los estadounidenses con seguro médico no cumplía con las reglas de presupuesto del Senado, por lo que los republicanos la retiraron de la propuesta final.

AYUDA EN EL PAGO DE LOS SEGUROS DE SALUD

La iniciativa extendería los subsidios otorgados durante la pandemia de COVID-19 para ayudar a algunos de los estadounidenses que compren sus seguros médicos por su cuenta.

De acuerdo con la asistencia previa para la pandemia, la ayuda adicional iba a expirar este año. Pero el paquete permitiría mantener la asistencia tres años más, reduciendo las primas de seguros para las personas que compran sus propias pólizas de salud.

“LA MAYOR INVERSIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS”

La iniciativa invertiría casi 375.000 millones de dólares en la próxima década para crear estrategias de combate al cambio climático, incluyendo inversiones en la producción de energías renovables y reembolsos fiscales para los consumidores que adquieran vehículos eléctricos nuevos o usados.

Está desglosado con el fin de incluir 60.000 millones para un crédito fiscal en la fabricación de equipos para energías limpias y 30.000 millones para un crédito fiscal aplicable a la producción de energía solar y eólica, como medios para impulsar y apoyar a las industrias que pueden ayudar a frenar la dependencia del país de los combustibles fósiles. La iniciativa también otorga créditos fiscales para la energía nuclear y la tecnología de captura de carbono en la que empresas petroleras como Exxon Mobil han invertido millones de dólares.

El paquete impondría una nueva cuota sobre el exceso de emisiones de metano derivadas de las perforaciones de petróleo y gas, y otorgaría acceso a las empresas de combustibles fósiles a más arriendos sobre aguas y tierras federales.

Una de las últimas adiciones, impulsada por la senadora Krysten Sinema y otros demócratas en Arizona, Nevada y Colorado, asignaría 4.000 millones para el combate de la intensa sequía en el oeste del país, incluyendo labores de conservación en la cuenca del río Colorado, de la que dependen casi 40 millones de estadounidenses para su suministro de agua potable.

Para los consumidores hay exenciones fiscales con el fin de incentivar la adopción de equipos de energías limpias. Una de ellas es un crédito fiscal de 10 años para inversiones en energías renovables solares y eólicas. También hay exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, incluyendo un crédito fiscal de 4.000 dólares para la adquisición de vehículos eléctricos usados y 7.500 dólares para nuevos.

En total, los demócratas creen que la estrategia podría encaminar al país a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, y “representaría, por mucho, la mayor inversión climática en la historia de Estados Unidos”.

¿CÓMO SE PAGARÁ TODO ESTO?

La mayor fuente de ingresos en la iniciativa es un nuevo impuesto mínimo del 15% a las corporaciones que tengan ganancias anuales superiores a los 1.000 millones de dólares.

Es una manera de frenar a las cerca de 200 compañías estadounidenses que evitan el pago del impuesto corporativo estándar del 21%, incluyendo algunas que a fin de cuentas no pagan ningún impuesto.

El nuevo impuesto mínimo corporativo iniciaría al concluir el año fiscal 2022 y recaudaría más de 258.000 millones de dólares durante la década.

Los ingresos habrían sido mayores, pero Sinema insistió en un cambio al mínimo corporativo del 15%, permitiendo una deducción por depreciación usada por las industrias manufactureras. Eso reduce unos 55.000 millones de dólares a la recaudación total.

Para convencer a Sinema, los demócratas dejaron de lado sus planes de cerrar un vacío legal fiscal del que muchos de los estadounidenses más ricos se han beneficiado desde hace años, el así llamado interés acumulado, el cual, según las leyes actuales, se grava a los administradores de fondos de cobertura en una tasa del 20%.

Durante años, la izquierda ha intentado impulsar la tasa de interés acumulado, elevada a un 37% en la propuesta original, para estar más acorde con las personas que ganan más. Sinema no lo permitió.

Mantener la exención fiscal a los más ricos le privó al partido de 14.000 millones de dólares en ingresos con los que contaba para ayudar a financiar la iniciativa.

En su lugar, los demócratas, con el visto bueno de Sinema, impondrán un impuesto indirecto del 1% a la recompra de acciones, lo que generaría unos 74.000 millones de dólares en una década.

También se recaudarán fondos al alentar al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) a ir tras los evasores fiscales. La iniciativa propone una inversión de 80.000 millones de dólares en servicios, seguridad y modernización, con lo que se proyecta recaudar 203.000 millones de dólares para una ganancia neta de 124.000 millones en la década.

El paquete mantiene el compromiso original de Biden de no elevar los impuestos a las familias y negocios que ganan menos de 400.000 dólares anuales.

Lo precios de medicamentos más bajos para los ancianos se pagan con los ahorros obtenidos a partir de las negociaciones de Medicare con las compañías farmacéuticas.

DINERO ADICIONAL PARA PAGAR DÉFICITS

Con cerca de 740.000 millones de dólares en nuevos ingresos y unos 440.000 millones en nuevas inversiones, la propuesta promete destinar la diferencia, unos 300.000 millones de dólares, a la reducción del déficit.

Los déficits federales se dispararon durante la pandemia de COVID-19, cuando los gastos federales aumentaron considerablemente y los ingresos fiscales cayeron en un momento en que la nación lidiaba con confinamientos, cierres de oficinas y otros cambios masivos.

El país ha registrado un aumento y caída de los déficits en años recientes. Pero el presupuesto federal general se encuentra en una senda insostenible, según la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de Estados Unidos (CBO por sus siglas en inglés), que esta semana publicó un nuevo informe sobre sus proyecciones a largo plazo.

¿QUÉ QUEDA?

El paquete, que surgió repentinamente a finales de julio después de 18 meses de negociaciones intermitentes, deja de lado muchos de los objetivos más ambiciosos de Biden.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, llegó a un acuerdo con el senador Joe Manchin para reactivar el paquete de Biden, reduciéndolo de tamaño con el fin de persuadir al demócrata por Virginia Occidental de volver a la mesa de negociaciones. Luego convencieron a Sinema, la otra disidente del partido, con cambios adicionales.

El paquete sigue siendo extenso, de acuerdo a los estándares habituales, pero no tan radical como el paquete Build Back Better que Biden había concebido.

Aunque el Congreso aprobó una iniciativa bipartidista de infraestructura por 1 billón de dólares para carreteras, banda ancha y otras inversiones que Biden promulgó el año pasado, otras prioridades cruciales del presidente y el partido se les han escapado.

Entre ellas está continuar con un crédito tributario mensual de 300 dólares mensuales por hijos que enviaba dinero directamente a las familias durante la pandemia y del que se cree ayudó en buena medida a reducir la pobreza infantil.

También se perdieron, al menos por el momento, los planes de guarderías y universidades comunitarias gratuitos, así como el primer programa nacional de ausencia laboral pagada que habría proporcionado hasta 4.000 dólares al mes por nacimientos, decesos y otras necesidades.

(Con información de AP)