¡Opositores atrapados en embajada: crisis diplomática en curso!

Seis opositores venezolanos se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas esperando salvoconductos del Gobierno venezolano para salir del país. Esta situación está contemplada en la Convención sobre Asilo Diplomático (1954), que obliga al Estado a otorgar el salvoconducto, salvo casos de “fuerza mayor”, un término que se asocia a tragedias naturales.

Simón Gómez, profesor de Derecho Internacional, señala que negar los salvoconductos por “fuerza mayor” no es aplicable en este caso. Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, indica que la ambigüedad de esta cláusula se remonta a 1954, cuando existían muchos regímenes dictatoriales.

Ambos expertos coinciden en que Venezuela no puede usar “fuerza mayor” para negar los salvoconductos, pero mencionan que algunos gobiernos han citado la Convención para rechazar asilos si las personas están inculpadas por delitos comunes. Ejemplos incluyen el caso de Ricardo Martinelli en Panamá y de Pedro Carmona en Venezuela.

El Gobierno de Venezuela aún no ha confirmado su decisión, aunque Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, afirmó que se negó. Argentina exigió la inmediata emisión de los salvoconductos el 30 de mayo. José Bruzual, profesor de Derecho Internacional Público, afirma que no se resolverá solo con criterios jurídicos.

Los seis opositores, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola, fueron acusados de conspiración y traición a la patria. La Convención permite que el funcionario asilante considere las acusaciones, pero defiende su derecho a exigir el salvoconducto.

Si Venezuela se niega, no hay un organismo internacional que pueda ordenar la emisión del salvoconducto, según Contreras, dejando a los asilados potencialmente atrapados en la embajada.

Por Ricardo Barbar |

Por EFE

Caracas (EFE).- Seis miembros opositores venezolanos se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas a la espera de que el Gobierno de Venezuela otorgue los salvoconductos para salir del país. Una posibilidad catalogada como obligatoria en la Convención sobre Asilo Diplomático (1954), pero de aplicación “limitada” en la práctica, dicen expertos.

Aunque la convención dice que “el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero”, y expresamente indica que “el Estado está obligado a dar inmediatamente (…) el correspondiente salvoconducto”. Se añade “salvo caso de fuerza mayor”, sin especificar más, lo que deja abierta la puerta a criterios diferentes.

Para Simón Gómez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello, “fuerza mayor” es un concepto “sobre el que existe una relativa aceptación general sobre su significado”. Se refiere a “circunstancias producto de una tragedia natural” que impidan “conferir el salvoconducto”.

Pero el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, dijo a EFE que hay que ubicarse en 1954, año en el que se creó la convención, cuando muchos países “tenían regímenes militares y dictatoriales”. Por lo que “siempre se dejó una especie de ventana para poder justificar algún tipo de negación”.

Por estas razones, ambos están de acuerdo en que Venezuela no podría argumentar “fuerza mayor” para negar los salvoconductos. Sin embargo, recuerdan que hay ejemplos de gobiernos que han negado salvoconductos citando el artículo de la convención que señala que “no es lícito conceder asilo” a las personas que, cuando lo pidan, “se encuentren inculpadas o procesadas” ante “tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

Un ejemplo reciente es el caso de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá que se asiló en la Embajada de Nicaragua, a quien la Justicia condenó a 10 años de cárcel por blanqueo de capitales. Una condena que sirvió de argumento a Panamá para negar el salvoconducto.

El caso contrario es el de Pedro Carmona, quien, después de un infructuoso golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, se asiló en la Embajada de Colombia en Caracas. Aunque se le acusó de rebelión, el propio Chávez otorgó un salvoconducto.

“Debo decir que, ante la decisión soberana (…) del Gobierno colombiano de concederle asilo diplomático al doctor Carmona (…) en las próximas horas voy a emitir el salvoconducto para que salga de Venezuela (…). Estamos obligados desde el punto de vista del Derecho Internacional”, dijo Chávez en mayo de 2002.

Venezuela niega salvoconductos a opositores asilados en Embajada argentina

El Gobierno aún no confirma si aprobará o negará el salvoconducto a los opositores, pero el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello —sin cargo en el Ejecutivo—, aseguró que se negó.

El pasado 30 de mayo, Argentina exigió a Venezuela “la inmediata emisión de los salvoconductos”, en “cumplimiento” de la Convención de 1954.

Sin embargo, para José Bruzual, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, este caso “no se resuelve únicamente con criterios jurídicos”.

“Es un dilema desde el inicio. El Estado asilante tiene potestad para otorgar el asilo, pero el Estado territorial puede argumentar sobre la naturaleza de los delitos y negarse a otorgar el salvoconducto. En la práctica, esas personas pueden permanecer mucho tiempo allí”, agregó.

Los seis opositores se refugiaron en la Embajada de Argentina luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.

Según la convención, el funcionario asilante “tomará en cuenta” las informaciones del Gobierno territorial sobre los delitos, pero “se respetará su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido”.

Si Venezuela niega la autorización, la convención no contempla que algún organismo internacional ordene la emisión del permiso, por lo que “no hay forma de obligar al país a que dé el salvoconducto”, dijo el experto Contreras.

Los asilados en la Embajada de Argentina son Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos —todos miembros del partido de María Corina Machado—, el exdiputado Omar González y Fernando Martínez Mottola, asesor de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.