¡Polémica en México por elección popular de jueces!

La reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México generó incertidumbre en los mercados y la sociedad civil. Propuesta tras la victoria de Claudia Sheinbaum, busca elección popular de miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral y otros, totalizando 1.688 cargos. Se plantea reducir ministros de la SCJN a nueve, con mandato de 12 años. Eliminaría pensión vitalicia, sesiones en pleno y mantendría la remuneración por debajo del jefe del Ejecutivo. TEPJF mantendría sus magistrados, con término de seis años. Sustituiría al CJF, con cinco miembros designados por Ejecutivo, Senado y SCJN. En Ciudad de México, se votarían 339 cargos, en Estado de México 114, en Jalisco 122 y en Nuevo León 72. López Obrador buscaría acelerar la aprobación de la reforma tras obtener mayoría en septiembre, mientras que Sheinbaum propone una amplia discusión con diversos sectores.La propuesta ha generado controversias en el país, con López Obrador buscando aprobarla sin negociar con la oposición, mientras Sheinbaum aboga por un debate inclusivo. El proceso de elección de jueces por voto popular plantea un cambio significativo en el sistema judicial mexicano, con posibles implicaciones a largo plazo en la independencia y eficacia del Poder Judicial. Este debate continuará en los próximos meses, mientras se define el destino de esta reforma clave para el sistema legal de México.

Manuel Weiss Pérez |

Por EFE

Ciudad de México (EFE).- La reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causa incertidumbre en los mercados y la sociedad civil, pero se impulsará tras la victoria de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en las elecciones.

Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana y que podrá aprobarse a partir del 1 de septiembre, cuando la alianza de partidos del oficialismo recupere, previsiblemente, la mayoría de dos tercios del Congreso para reformar la Constitución.

La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.

Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del 2 de junio realizadas por la oposición mexicana.

Está dividida en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales, y, con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría desde los nueve años que tienen en el presente hasta seis.

Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2.034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza. Una situación similar ocurriría en los principales estados del país.

En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

López Obrador, quien deja el cargo el 1 de octubre, ha reafirmado que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que su alianza de partidos tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, necesaria para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

Sus declaraciones contrastan con las de Sheinbaum, quien el lunes aseguró en una conferencia que acordó en su reunión con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma que involucre a barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.