Rocío San Miguel, activista venezolana y presidenta de la ONG Control Ciudadano, cumple el 9 de mayo cuatro meses de detención sin garantías al debido proceso. Detenida en el aeropuerto Simón Bolívar junto a su hija, a quien liberaron posteriormente, San Miguel fue presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo y forzada a aceptar un defensor público.
Las acusaciones incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, basadas en documentos que supuestamente la vinculaban con un plan de magnicidio. Durante el allanamiento de su vivienda, las autoridades confiscaron mapas y computadoras, presentadas por el fiscal general, Tarek William Saab, como «pruebas» de la conspiración.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, y Acceso a la Justicia han denunciado la situación, resaltando la violación de garantías procesales y del debido proceso, así como la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. La detención de San Miguel pone de manifiesto la grave situación de los derechos humanos en el país.
«A cuatro meses de la detención de Rocío San Miguel, recordamos cómo se han violado las garantías procesales y el debido proceso en su caso. Es una situación grave que nos demuestra la falta de respeto a los derechos humanos en nuestro país».
Saab mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, también acusado de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».
Justicia, Encuentro y Perdón, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció la situación.
«Rocío San Miguel cumple este 9 de junio cuatro meses de injusta prisión y sin garantías al debido proceso», expresó a través de X.
Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, cumplió el domingo cuatro meses detenida.
A la presa política la presentaron ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y la forzaron a aceptar un defensor público. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
A San Miguel la arrestaron en la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar junto a su hija, a quien liberaron posteriormente.
Según esos extractos, la acusada debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.
La activista venezolana está en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo.
En la red social, Acceso a la Justicia también rechazó el procedimiento contra la activista:
Días después de su detención, las autoridades allanaron su vivienda mientras su hija se encontraba en el lugar. Durante el allanamiento, se llevaron mapas y computadoras, que luego el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa como «pruebas» de su relación con una presunta conspiración.
Por El Nacional
