Las cárceles venezolanas en general padecen de serias deficiencias estructurales, falta de salubridad y seguridad, y carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y alimentación adecuada. Se menciona la sorpresiva transferencia y el aislamiento de 45 hombres en Rodeo I, sometidos a un «periodo de reflexión» de 30 días en condiciones descritas como inhumanas.
Las organizaciones que respaldaron la denuncia incluyen el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, la Organización Mundial Contra la Tortura, Raza e Igualdad, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
Entre las organizaciones firmantes están Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, quien ha enfrentado «restricciones arbitrarias» a su atención médica.
Una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos expresó su preocupación por posibles torturas y otras violaciones en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. Instaron al régimen venezolano a liberar a detenidos arbitrarios por motivos políticos y garantizar la seguridad, salud y vida de los detenidos según estándares internacionales.
Subrayaron que la prohibición de la tortura es una norma perentoria del derecho internacional, exigiendo al ministro García Zerpa atender las obligaciones en torno a la prevención de la tortura y asegurar condiciones dignas de detención.
Las autoridades penitenciarias del Rodeo I estarían sometiendo intencionalmente a las personas privadas de libertad a condiciones crueles e inhumanas. Estos hechos, documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, podrían constituir actos de tortura y violan el derecho internacional.
También se denuncia la violación del debido proceso, ya que los detenidos solo participan en audiencias judiciales virtuales y sin acompañamiento legal adecuado. La carta abierta dirigida a Julio García Zerpa, detalla las condiciones «crueles, inhumanas y degradantes» en los centros de detención, con énfasis en los maltratos contra disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Insistieron en la necesidad de proveer acceso a salud, alimentación y agua potable en todas las instalaciones penitenciarias del país.
Subrayaron que las cárceles venezolanas en general padecen de serias deficiencias estructurales, falta de salubridad y seguridad, y carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y alimentación adecuada.
También se menciona la sorpresiva transferencia y el aislamiento de 45 hombres en Rodeo I, a quienes sometieron las autoridades a un «periodo de reflexión» de 30 días en condiciones descritas como inhumanas.
Las otras organizaciones que respaldaron la misiva fueron el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, la Organización Mundial Contra la Tortura, Raza e Igualdad, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
Por El Nacional
Entre las organizaciones firmantes están Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Un caso emblemático señalado en la carta es el de Emirlendris Benítez, detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, quien ha enfrentado «restricciones arbitrarias» a su atención médica.
Una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos expresó su grave preocupación por las posibles torturas y otras violaciones a los derechos humanos que se cometen en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Frente a esta situación, las organizaciones instaron al régimen venezolano a que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y garantice la seguridad, salud y vida de los detenidos según los estándares internacionales.
«Recordamos que la prohibición de la tortura es una norma perentoria del derecho internacional, por lo que exigimos al ministro García Zerpa que, como responsable del sistema penitenciario en Venezuela, atienda las obligaciones en torno a la prevención de la tortura y las relativas al aseguramiento de condiciones dignas de detención de manera inmediata en los centros de detención en Venezuela y en particular en el Rodeo I», dijeron.
«Las autoridades penitenciarias del Rodeo I estarían sometiendo intencionalmente a las personas privadas de libertad en este centro a condiciones particularmente crueles e inhumanas, con el fin de intimidarlas o coaccionarlas, por razón de ser consideradas como opositoras o disidentes políticos. Estos hechos, previamente documentados en otros centros de reclusión por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, podrían llegar a constituir actos de tortura y violan el derecho internacional», subrayaron.
Se denuncia además la violación del debido proceso porque, alegan, los detenidos solo han participado en audiencias judiciales de manera virtual y sin el acompañamiento legal adecuado.
La inquietud quedó planteada en una carta abierta dirigida a Julio García Zerpa, ministro de Servicio Penitenciario. En el texto, se detallan las condiciones «crueles, inhumanas y degradantes» a las que están sometidos los detenidos, con énfasis en los maltratos contra disidentes del régimen de Nicolás Maduro.
Insistieron asimismo en la necesidad de proveer acceso inmediato a servicios básicos de salud, alimentación y agua potable en todas las instalaciones penitenciarias del país.
