“No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, si no habrían publicado las famosas actas”, afirmó un representante de la oposición. Hicieron eco de esta denuncia Manuel Rosales, José Luis Cartaya y Simón Calzadilla, quienes exigieron la publicación de las actas electorales.
Nelson Chitty La Roche, experto constitucional, indicó que en Venezuela no está tipificado como delito el desacato. El fiscal general, Tarek William Saab, denunció “documentos forjados” presentados por la oposición.
El TSJ inició un proceso solicitado por Maduro para “certificar” los resultados de las elecciones, aunque el contenido de la demanda no es público. En respuesta, Nicolás Maduro pidió cárcel para los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado por “incitación a la insurrección”.
González Urrutia desacató una citación del TSJ, alegando que la comparecencia no correspondía a un procedimiento legal y que su libertad estaba en riesgo. La audiencia se celebró sin él, visibilizando su silla vacía.
En paralelo, las autoridades venezolanas detuvieron a varios líderes opositores, intensificando la presión contra la oposición. En tanto, líderes internacionales como Gabriel Boric y Antony Blinken cuestionaron la legitimidad de las elecciones, reconociendo a González como el “ganador indiscutido”.
Finalmente, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, advirtió de posibles consecuencias legales por la falta de comparecencia de González.
“No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, si no habrían publicado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente habrían mostrado las actas”, afirmó.
Al contrario, sí acudieron tres de sus aliados: el gobernador del estado de Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales; José Luis Cartaya, del partido Mesa de la Unidad Democrática; y Simón Calzadilla, del Movimiento por Venezuela (MPV); quienes reclamaron a las autoridades publicar las actas electorales y respetar la expresión popular de los venezolanos.
Nelson Chitty La Roche, director de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela, también explica que en el país no está tipificado como delito el desacato.
Según un comunicado difundido en X por el fiscal general, Tarek William Saab, se trata de «documentos forjados» con los que la oposición mayoritaria pretende «usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)».
“Además, el procedimiento lo inició el presidente de la República, no en su condición de candidato, dado que su abogado fue el Procurador General de la República. El escrito nadie lo conoce. No se sabe qué pidió en la demanda, ni cuál acto electoral demandó”, comenta Sosa.
Se trata de un procedimiento solicitado por Nicolás Maduro a través de un recurso contencioso del que no se conoce su contenido.
«Es importante que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación», dijo también este miércoles la presidenta del tribunal tras constatar la ausencia de González en la audiencia.
«Se decidió iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración», indicó la Fiscalía.
Y es que Nicolás Maduro lleva días pidiendo cárcel para González y para la líder opositora María Corina Machado. De hecho, la fiscalía abrió una investigación penal la semana pasada contra ambos líderes por «incitación a la insurrección» después de que pidieron apoyo a la Fuerza Armada para hacer respetar los resultados de las urnas.
La fiscalía anunció además una investigación por «conspiración» y otros delitos contra la página web donde la oposición mayoritaria asegura tener publicado el 83,5 % de las actas de las presidenciales del 28 de julio.
Por El Nacional
González, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado, fue citado por el TSJ, junto con los demás candidatos presidenciales y algunos líderes de los partidos, para avanzar en un proceso que adelanta la corte para “certificar” el resultado de los comicios, marcados por serios indicios de fraude.
La captura más destacada en las últimas horas fue la de María Oropeza, coordinadora del comando de campaña de Machado en el estado Portuguesa, quien difundió en Instagram el momento en que funcionarios golpearon y forzaron la puerta para ingresar a su vivienda sin una orden de allanamiento.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató este miércoles una citación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que la comparecencia no corresponde con ningún procedimiento contemplado en la legislación venezolana y que su libertad podría estar en riesgo.
No obstante, el politólogo Arias destaca que, al no comparecer ante el TSJ, Edmundo González “pone en tela de juicio y desafía toda la institucionalidad jurídica existente, ya que no solamente está desafiando al TSJ sino que está poniendo en tela de juicio al Ministerio Público y al Poder Electoral”.
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En un comunicado, González señaló que la Sala Electoral no puede “usurpar” funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y “certificar unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la Constitución”.
La exmagistrada del TSJ, Cecilia Sosa, le dijo a El Tiempo que el desacato de la citación no supone ninguna consecuencia jurídica para el opositor, debido a que lo que introdujo Maduro fue un recurso contencioso electoral, por tanto de naturaleza administrativa.
La audiencia en el TSJ se celebró finalmente sin González Urrutia y una silla vacía con su nombre fue mostrada en televisión estatal.
Horas antes, Oropeza se había manifestado contra la “operación tun tun”, un operativo del chavismo al que calificó como una “persecución política”.
Las autoridades también detuvieron este miércoles a Carlos Chancellor, de 64 años de edad, exalcalde del municipio Sifontes en el estado Bolívar y padre del futbolista de la Vinotinto Jhon Chancellor.
El analista Arias asegura además que las acciones que tome el TSJ en contra de González podrían generar el quiebre absoluto de todo el proceso de negociación política que llevan a cabo los presidentes de México, Colombia y Brasil.
«Sin embargo, la Sala Constitucional en la vorágine en el paroxismo de la inconstitucionalidad habla de un ilícito constitucional y a partir de ese esoterismo ha mandado preso a los alcaldes. No se si se atreverán a algo así con González Urrutia», dijo.
En ese sentido, el politólogo Daniel Arias teme que el TJS solicite al Ministerio Público una orden de aprehensión contra González por desacato, lo que “generaría una crisis política internacional, ya que muchos países lo ven como el ganador del proceso electoral”.
Y agregó: «Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano”.
“Estamos reclamando respeto al voto (…), al resultado electoral del 28 de julio”, dijo a periodistas Rosales, que exigió al CNE “la publicación de las actas definitivas”.
Mientras tanto, las amenazas contra los opositores y cualquiera que se manifieste en contra del régimen de Maduro siguen creciendo. Según las cifras del oficialismo, ya son 2.229 los detenidos desde que estallaron las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro.
En las últimas horas también se intensificó la presión internacional contra Maduro. El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que “no tiene dudas” de que el gobierno de Venezuela “ha intentado cometer un fraude” durante las elecciones presidenciales y reiteró que Chile “no reconoce el triunfo autoproclamado” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Al tiempo, el gobierno de Argentina reconoció a Edmundo González como “ganador indiscutido” de las elecciones, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró en una charla con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que fue González quien obtuvo la mayoría de votos en la elección del pasado 28 de julio.
«El trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral», dijo en un comunicado publicado X.
Calzadilla, por su parte, dijo: “Ningún partido político sabe ni siquiera, 11 días después del proceso electoral, cuál fue la votación que sacó. Si el CNE no ha publicado (…), le expresábamos al TSJ que no entendíamos qué hacíamos aquí”.
Antes de la audiencia la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, afirmó que la falta de comparecencia acarrearía “las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico”, aunque sin precisar cuáles.
