A pesar de las dificultades que enfrentan, las personas transgénero en Venezuela siguen luchando por sus derechos

Pese al histórico desprecio del régimen de Maduro por las disidencias sexuales y de género, en Venezuela se respira por estos días la sensación de un movimiento LGBT+ fortalecido. Con un robusto catálogo de exigencias para el Tribunal Supremo, la ciudadanía LGBT+ venezolana asistirá a una nueva marcha del Orgullo este 3 de julio en su capital, Caracas, después de que la pandemia postergara su realización los últimos dos años. En un país donde el matrimonio igualitario parece estar muy lejos de conseguirse y las personas trans no pueden cambiar legalmente de nombre, el activismo demanda una acción legislativa inmediata para que se reconocozcan sus derechos, con los militantes de las diversidades dejando de lado las diferencias entre sus miembros para enfrentar al enemigo en común: la LGBT-fobia del Estado venezolano.

Por Infobae

Según le explica a Infobae la activista trans Richelle Briceño, esta nueva hoja de ruta es el resultado de la movilización de septiembre de 2021, a la que asistieron pequeños grupos con el calendario retrasado por el Covid-19. “Estábamos en pandemia y no había muchas personas, pero surgió algo interesante: la necesidad de la población y activistas de dejar las diferencias políticas para trabajar por nuestros derechos”.

“Ya no nos enfrentamos por ideales políticos ni de tipo religioso”, agrega desde Caracas la abogada y ex candidata a la Asamblea Nacional, para quien la comunidad LGBT+ de su país es consciente de que “la lucha es una y trasciende posiciones de toda índole”

Este 2022 la Marcha Nacional del Orgullo arrancará en el Parque del Este y llegará hasta la Zona Rental, en la Plaza Venezuela. Según pronóstico de Briceño, esperan la llegada de unas quince o veinte mil personas, además de la asistencia por primera vez de embajadas de distintos países como Argentina, México o Reino Unido.

Como en otros países del continente, sus demandas la encabezan las necesidades de la población trans, uno de los grupos más desprotegidos en el país gobernado por el régimen dictatorial de Maduro.

Hace 12 años que en Venezuela una ley permite el cambio del nombre propio en al menos cuatro supuestos: “cuando resulta infamante para la persona, cuando el nombre la somete al escarnio público, cuando atenta contra la moral o la propia reputación y cuando no corresponde con su género, afectando el libre desenvolvimiento de la personalidad”, enumera Briceño. Eso en la teoría.

En la práctica, el Consejo Nacional Electoral no le ha dado aplicabilidad a dicha ley que permite a las personas trans cambiar legalmente su nombre bajo cualquiera de los supuestos. “La norma es totalmente explícita, no necesita interpretación; además la ley establece que en caso de dudas se aplicará lo que sea preferente para garantizar los derechos”.

Briceño insiste que en casos así el problema “no es la ley, son los funcionarios”. La abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela también subraya la crisis de derechos que ha traído la nula voluntad del gobierno para escuchar los requerimientos de la población diversa: “La sociedad venezolana va por un lado y las leyes por otro”, enfatiza.

Además de una ley de identidad de género que reconozca a las personas trans, el movimiento LGBT+ busca seguir ejerciendo presión sobre otros asuntos igual de urgentes. Entre ellos, el matrimonio civil igualitario, el reconocimiento de las familias homoparentales y la creación de una ley que proteja a la comunidad de toda forma de violencia por motivos de orientación sexual, identidad y de género.

En el 2021, las ONG registraron en Venezuela 26 asesinatos hacia personas LGBT+, 6 de ellas de la comunidad trans. Este tipo de registros no los tiene en cuenta la Fiscalía General, que carece en sus investigaciones de un enfoque en diversidad sexual y trata todos los delitos como delitos comunes. “Es como decir que en este país no asesinan ni violentan a nadie por motivo de orientación, identidad sexual o expresión de género”, recalca Richelle.

En mayo pasado, y tras la presión pública de la militancia debido al aumento de los ataques contra la población diversa, el Ministerio Público anunció la creación de una fiscalía especial para atender delitos en contra de la población LGBT+. “Se creó la Fiscalía 98° nacional adscrita a la Dirección General para los Derechos Humanos para atender asuntos relacionados con la comunidad sexodiversa”, declaró a través de un tuit de la cartera ministerial el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien se ha mostrado públicamente en contra del matrimonio igualitario.

Para Briceño, este anuncio ha sido puro teatro de inclusividad. “Es una fiscalía que hasta el momento no tiene conexión y sensibilización con la población LGBT+, y si no hay personas formadas en esa fiscalía lo que puede suceder es que se revictimice a las víctimas. También falta visibilización, hacerle saber a la población que existe esa fiscalía, cómo puede actuar y cuáles son los mecanismos para que se active”, explica.

Otras demandas del colectivo LGBT+ venezolano no se enfocan en lo legislativo, sino en temas de educación y formación. Exigen una educación inclusiva en las distintas etapas de enseñanza, además de una atención en salud diferenciada para personas trans y la aplicación del enfoque de género en los cuerpos de seguridad estatales.

También exigen la derogación de una ley del código de justicia militar, el cual todavía penaliza la homosexualidad en sus filas, del mismo modo que los centros de salud –sin que ninguna ley lo exija– impiden a personas trans y homosexuales donar sangre.

“Sé que lograremos los avances”

Hoy día la representación política LGBT+ en Venezuela es prácticamente inexistente. En la Asamblea Nacional hay dos personas de la comunidad en el partido del gobierno, “pero en calidad de suplentes, es decir, con voz pero sin voto, sin capacidad para decidir”, comenta Richelle. Y esto a pesar de que Venezuela tuvo en 2015 la primera diputada trans de Latinoamérica, la abogada de 68 años Tamara Adrian.

Para Briceño, de 2015 hasta hoy “hubo un proceso de polarización y conflicto político que no le permitió a esta abogada trans realizar el cambio a favor de la población LGBT+. Se instaló en la polarización, igual que otros movimientos sociales y activistas que hicieron difícil salir de allí, pero hoy finalmente vamos a realizar una marcha totalmente donde el foco no estará puesto en cuestiones partidarias sino en nuestra agenda”.

Como integrante de una subcomisión de asuntos LGBT+ de la Asamblea Nacional, donde participa solo en calidad de experta, revela que “todas las leyes que ahorita salen del Parlamento Nacional tienen garantizado el principio de la no discriminación por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género”. Una implementación adecuada de esos principios en todos los ámbitos y circunstancias es algo que deben ir “logrando de a poquito”.

“Sé que en algún momento lo vamos a lograr y Venezuela no se va a escapar de la ola de avances de derechos en países como Argentina, Chile o Colombia”, añade Richelle, optimista al final de su entrevista con Infobae.