El gobierno venezolano rechaza sanciones de EE.UU. contra funcionarios chavistas.

El Gobierno venezolano rechazó las sanciones de EE.UU. contra 21 funcionarios chavistas, tildados de “patriotas” por Caracas, acusados de “represión” y de intentar “robar” las elecciones de julio, en las cuales Nicolás Maduro fue declarado ganador.

En un comunicado, Venezuela califica las sanciones como “medidas coercitivas unilaterales” de un “Gobierno decadente” que pretende ocultar su “fracaso electoral” y su crisis interna. Caracas afirma que estas medidas no fomentan la democracia, sino que buscan apoyar a un grupo opositor sin apoyo popular.

El Gobierno chavista defendió su supuesta “victoria popular” en las elecciones, cuyos resultados completos aún no ha publicado el CNE, lo que ha recibido críticas, incluso de países aliados.

Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a figuras como Aníbal Coronado, Freddy Ñáñez y Julio García Zerpa, además de oficiales de la Guardia Nacional y el SEBIN, acusados de “reprimir” manifestaciones post-electorales. Las propiedades de los sancionados en EE.UU. están bloqueadas, y se prohíben transacciones financieras con ellos. La Administración Maduro defiende a los sancionados como protectores de la paz y estabilidad de Venezuela.

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 21 cargos chavistas -a los que Caracas llama “patriotas”-, y aseguró que el país caribeño “jamás podrá ser doblegado” por el norteamericano, que acusó al grupo sancionado de “represión” y de intentar “robar” los comicios de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

Por EFE

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano expresó que las “medidas coercitivas unilaterales” anunciadas hoy contra un “grupo de patriotas” representan un “acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país” norteamericano.

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“Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen”, dijo Caracas, sin precisar a quiénes se refiere.

El Gobierno chavista reiteró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una “gran victoria popular” en las elecciones, cuyos resultados aún no se publican por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera desglosada, como marca su propio cronograma, lo que se cuestiona por numerosos países, incluso aliados como Colombia y Brasil.

Entretanto, la oposición mayoritaria -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.

También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de “reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas” tras las elecciones.

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Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.

De la familia del ministro de Interior, también fue sancionada su hija, Daniella Cabello, presidenta de la Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones.

Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades personales de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con estas personas.

Según la Administración Maduro, estos sancionados “se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington”.

Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer “acciones antidemocráticas”.